Bajo esta premisa, desde el Vº Arrondissement, Jean-Michel Bouvier hizo suya la causa de la exculpación del gaucho Santos Clemente Vera, con quien se abrazó en la Quebrada de San Lorenzo, al pie del desfigurado monumento que dice honrar la memoria de su hija y la de su amiga Houria Moumni.
Los papelones que han hecho los tribunales de Salta —incluida, por supuesto, la venerable y muy solemne Corte de Justicia— llevan a cualquiera con un mínimo de inteligencia a elegir entre dos males. En este caso, pienso por mi cuenta que Bouvier elegiría una mala absolución o una absolución incompleta a una condena rotunda pronunciada por unos jueces que solo han demostrado incompetencia, pero de esas para poner en un cuadro.
Alguien se ha empeñado durante los últimos meses en vendernos la copla de que Santos Clemente Vera es un ciudadano sobreseído pero no juzgado, porque el juicio al que debía someterse no se pudo celebrar, por aquello de la «insubsistencia de la acción penal».
Pero nada más alejado de la realidad. Santos Clemente Vera es un ciudadano absuelto por sentencia firme. Es decir, ha sido juzgado, en un juicio oral, plenamente contradictorio, rodeado de una abundante e inusitada publicidad y dirigido por tres jueces veteranos, experimentados e incorruptibles.
Auqella sentencia —todos lo recordamos— fue pronunciada en junio de 2014 por la Sala Segunda del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta, integrada entonces por los magistrados Ángel Amadeo Longarte, Bernardo Ruiz y Carlos Pucheta. Lo dos últimos, ya fallecidos.
La sentencia de 2014 ha quedado firme, básicamente gracias la inercia procesal del Ministerio Público Fiscal de Salta, que la recurrió, pero que luego, cuando tuvo que insistir en su impugnación (en nombre del interés público protegido por la ley), se conformó con una declaración ambigua del Tribunal de Impugnación (diciembre de 2024) y dejó que la absolución de Santos Clemente Vera de 2014 se convirtiera pacíficamente en cosa juzgada inamovible. Ese y no otro es el verdadero estatus procesal de Vera, aunque alguien diga que le quedó un juicio pendiente.
Ahora pueden los fiscales decir que Vera fue el culpable de todo y será lo mismo que gritar en la puna que el litio es blanco. Solo escucharán las montañas y algún guanaco que anduviera pastando por aquellas soledades voraces.
Pero, si lo hacen, no lo harán movidos por un impulso de justicia y de verdad sino con la intención de apaciguar su mala conciencia. Sería probablemente la primera vez que todo un aparato de persecución fiscal (carísimo de mantener) se pone al servicio de una causa perdida, cual es la de empeñarse en probar la culpabilidad de un hombre ya protegido por la interdicción del doble juzgamiento y la clausura (quién sabe si oportuna o inoportuna) de la acción penal en su contra.
Si aparecieran ahora pruebas contundentes contra el ciudadano Vera, antes que enviarlo a los infiernos (destruyendo primero el razonamiento cartesiano de Bouvier), habría que preguntarse por qué los fiscales no han hallado esas mismas pruebas 15 años antes. Y preguntarse en tal caso si en la extraordinaria dilatación temporal de esta investigación no han influido la desidia o la incompetencia de alguien que tenía atribuida (y probablemente aún tiene) la capacidad de investigar.
Por consiguiente, los salteños, que todavía esperamos noticias concretas sobre este asunto, deberíamos razonar como Bouvier y decir: «Preferimos que un culpable esté suelto a que unos fiscales que no saben hacer su trabajo sigan, en libertad, causando daño a nuestras instituciones».
