Javier Milei ha dado señales de que su estrategia está mutando. Tras un período de fuerte centralización, aislamiento relativo y confrontación discursiva, aparece ahora una lógica más pragmática: la necesidad de ampliar la base de sustentación política del gobierno, incorporando figuras provenientes de lo que él mismo denominó en el pasado como “la casta”. Esa tensión conceptual no es menor, porque marca el pasaje desde un discurso fundacional de ruptura hacia una práctica de construcción de poder más convencional. En ese contexto, la llegada de Santilli no es un dato aislado. Representa la decisión de apoyarse en dirigentes con experiencia de gestión y vínculos territoriales, capaces de operar en un escenario político y legislativo fragmentado.

El Presidente puso en funciones a Diego Santilli y se reunió con sus congresistas para reclamarles que saquen adelante varias iniciativas importantes del Ejecutivo. Milei quiere modificar la carta orgánica del Banco Central (pretende eliminar el artículo incorporado a ese documento en 2012 que amplió las atribuciones del organismo para convertir en misión única del Central frenar la inflación).

En Buenos Aires Milei no era acosado por preguntas sobre Adorni, porque él se preservó del contacto con la prensa (ha pasado semanas virtualmente encerrado en Olivos y eludiendo el contacto incluso con la mayoría de sus ministros). En España, en cambio, el Presidente sintió en carne propia lo que experimentan desde hace varios meses sus funcionarios, que no pueden instalar los temas de la agenda de gobierno porque inevitablemente se solapan con la permanencia de Adorni en la jefatura de gabinete.

Como jefe de gabinete Adorni debe rendir examen periódicamente ante las cámaras del Congreso y es inevitable que le pidan explicaciones sobre los cambios de su situación patrimonial desde que se convirtió en funcionario y que se examinen con rayos X los quiméricos subterfugios con que se esforzó por explicarlos.

Sin descartar la primera sospecha, un amplio espectro de observadores coincide en lo segundo. Los cambios en la declaración de bienes del alto funcionario no constituyen un error, “sino una omisión ética”, para decirlo con la delicadeza de la senadora Patricia Bullrich. Por esa omisión, son muchos los miembros del Congreso que trabajan para interpelar al jefe de gabinete e incluso se proponen votar una censura, es decir: renunciarlo.

El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, profetiza que en las elecciones “la economía se va a llevar puesta a la política” y se ufana de algunas noticias buenas (el país ha mostrado un leve crecimiento positivo que, según él, será significativo el año próximo; la inflación decayó en abril y las previsiones indican que volverá a mostrar descenso en el índice de mayo).

Es cierto que en el universo de la centroderecha empiezan a insinuarse tensiones que podrían derivar en una competencia interna. Mauricio Macri insiste en que el PRO tendrá candidato presidencial propio y, al mismo tiempo, evita descartar de manera categórica la posibilidad de asumir él mismo ese papel. En paralelo, algunos gestos de Patricia Bullrich alimentan especulaciones sobre una eventual toma de distancia respecto de la estrategia política del presidente Javier Milei. Esa dinámica en todo caso abre interrogantes sobre la cohesión futura del espacio que hoy respalda al Gobierno.

Aunque expuso algunos reparos y advertencias, el Fondo Monetario Internacional aprobó la revisión del programa que capitanea Luis Caputo y –lo más importante– destrabó un pago de 1.000 millones de dólares del programa de facilidades extendidas. Señaló con claridad que el gobierno de Milei había incumplido seriamente compromisos de acumulación de reservas (“Las metas de reservas netas de diciembre último no fueron cumplidas por un margen grande”).

El culebrón, abierto a raíz de la decisión del funcionario de sumar a su esposa al vuelo oficial que llevó al presidente Milei a Nueva York a mediados de marzo, se extendió en sucesivos capítulos más o menos escandalosos y hoy da trabajo a la Justicia, que investiga la situación patrimonial de Adorni a partir de su encumbramiento político, a la luz de gastos que superarían los 800.000 dólares. Si la situación ha alcanzado una temperatura política especialmente elevada se debe a que el propio Presidente ha encabezado una defensa acérrima de su jefe de ministros y ha condicionado a todo su gabinete a acompañarlo en esa misión, desafiando la amplia y creciente opinión pública negativa sobre el episodio y su protagonista.

Así como a principios de la década de 1970 el paisaje político argentino parecía superpoblado de pensamiento y utopías de izquierda (las palabras “revolucionario” o “intransigente” brillaban en los nombres de partidos y organizaciones juveniles) y nadie osaba definirse “de derecha”, hoy se observa un corrimiento generalizado hacia propuestas más apegadas al realismo. Se empieza a configurar un consenso sobre la necesidad de equilibrio fiscal, de integración económica al mundo, de consideración a las políticas de mercado.

En rigor, la guerra ya llevaba más de un mes y Estados Unidos había proclamado su victoria después de una semana de ataques. Sin embargo la guerra se había prolongado y la administración estadounidense, apelando a ultimátums que iban extendiendo su plazo de expiración, procuraba encontrar una salida negociada. El martes al anochecer, con la mediación de Pakistán (y, detrás de Pakistán, la República Popular China) se pudo alcanzar un compromiso de alto el fuego, que rápidamente empezó a exhibir brechas. Israel resistió el objetivo de cesar los ataques al Líbano, que sin embargo el mediador paquistaní asegura que está en la base del cese del fuego.

El todo es más que la suma de las partes

La jueza Preska había beneficiado a la parte demandante, el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos litigiosos de la familia Eskenazi con el argumento de que: Argentina, al expropiar el 50 por ciento de las acciones de YPF en 2012, había incumplido el estatuto de la empresa al no lanzar una oferta pública de adquisición por el total de las acciones. La defensa argentina, cuyo contenido esencial mantuvieron los diferentes gobiernos (Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei), fue que un estatuto de empresa no puede ponerse por encima de las leyes del país y que la operación de expropiación (que incluyó, por cierto, una indemnización acordada) estaba perfectamente encuadrada en el sistema legal argentino.

Milei festejó el punto y lo consideró una evidencia de un pronóstico suyo: que la inflación general “empezará en 0” a partir del mes de agosto. Milei argumentó que la tendencia de los precios mayoristas anticipa lo que podría ocurrir en los precios al consumidor.

En rigor, es posible que el 3 presida la cifra de marzo que se anunciará dentro de un mes: sobre la lógica de los precios internos se hará sentir seguramente el influjo de la crisis energética disparada por la guerra contra Irán.

Karina Milei necesitaba tiempo para desplazar de Justicia la influencia que ejercía (y aspiraba a ampliar) el consultor Santiago Caputo, quien a través de Sebastián Amerio —número dos de Cúneo Libarona— manejaba de hecho el ministerio mientras preparaba el terreno para que Amerio pasara a dirigirlo de jure.

En un gesto de suficiencia, si se quiere, el Presidente había viajado el miércoles a Estados Unidos para escoltar a Donald Trump en la presentación de la Mesa de la Paz que creó y conduce el presidente de Estados Unidos. Cuando voló aún no estaba plenamente garantizada la victoria del proyecto oficialista en la Cámara baja, y Donald Trump no había recibido aún el impacto disparado por la Corte Suprema de Estados Unidos, que lo privó de su arma favorita de negociación internacional: la fijación de aranceles a las importaciones (con el voto, conviene acotar, de tres jueces supremos promovidos por el propio jefe de la Casa Blanca). Los hechos se suceden a gran velocidad.

El mandatario brasilero había recibido un día antes, en Río de Janeiro, a las autoridades de la UE, encabezadas por los líderes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Ese anticipo no cayó bien en la Casa Rosada, que lo interpretó como una picardía de Lula destinada a mantener distancia con Javier Milei y distinguir la importancia de su propio país en el bloque, algo que, por otra parte, está subrayado por las estadísticas.

Javier Milei consideró que, apartado Maduro, el camino a seguir debía ser la asunción de Edmundo González, el candidato que ganó las últimas elecciones en Venezuela, fue reconocido por numerosos gobiernos y vive en el exilio. “Edmundo debería asumir. Los cómplices del régimen deberían seguir la misma suerte (que Maduro)”, afirmó.

La flamante senadora fue la figura más visible de esa victoria, aunque no necesariamente la más decisiva. Desde la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo Lule Menem, mano derecha de Karina Milei, apuntaló las negociaciones que permitieron al oficialismo alcanzar una holgada mayoría de senadores a la hora de votar en el recinto. Menem y el ministro del Interior, Diego Santilli, apuraron gestiones que refrescaron las tesorerías de provincias amigables y facilitaron así el éxito que la senadora Bullrich condujo sobre el terreno.

En esas condiciones, el Poder Ejecutivo acarició la idea de concluir el año con dos trofeos: la aprobación de la ley de Presupuesto y al menos una media sanción de la ley de “modernización laboral”.

El presidente de los Estados Unidos estaba describiendo un hecho objetivo (“Nos salvó”, admitió también esta semana la senadora Patricia Bullrich en un diálogo público con Paolo Rocca, el número uno de Techint).

En el frente interno, Milei logró beneficiarse de una oposición que, dispersa y dominada por los reflejos y las urgencias del kirchnerismo, se replegó en la pura resistencia y fue incapaz de ofrecer un proyecto atractivo para una sociedad que espera una hoja de ruta clara hacia el futuro y rechaza la nostalgia restauradora. Sin una competencia plausible, el oficialismo pudo convertir la elección en un plebiscito, sobre todo, de dirección histórica.

La condición de primera minoría otorga al bloque que ocupe esa posición ventajas en la distribución y la presidencia de las comisiones legislativas, normalmente distribuidas con un criterio de base proporcional al peso de cada bancada. El bloque mayor suele adjudicarse las comisiones más relevantes (Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Legislación General, etc.), el siguiente obtiene algunas comisiones importantes y eventualmente bloques menores son relegados a comisiones de menor peso o a subcomisiones.