De las niñas «soñadoras y coquetas» que no desean ser separadas de «sus hermanitos» y que solo quieren bailar k-pop y ser queridas por una familia que las cuide, hemos pasado a los sueños de un joven, que no busca familia (porque la tiene), sino que desea primero solucionar un pequeño «conflicto con la ley penal» y luego ser contador público.
¿A cuento de qué los tribunales se preocupan si el niño está o no está bien alimentado? ¿Se preocupan en la misma medida estos magistrados del bienestar, las adicciones o el buen semblante de otros menores de edad sometidos a proceso penal? ¿Y qué hay de los mayores que delinquen? ¿También ellos motivan reuniones judiciales con fotógrafo? Aunque el joven güemense solo haya sido aludido por la inicial de su nombre en la comunicación judicial, ningún derecho tiene la Corte de Justicia a ventilar detalles de la vida de un menor de edad, solo para glorificar a los magistrados que han acudido en su ayuda.
No se explica de ningún modo (salvo por un paternalismo galopante) que las autoridades judiciales (sobre todo en un plenario tan impresionante como el de la foto) deban empeñar su tiempo en solucionar la vida de una persona joven, cuando esta misma persona puede acudir tranquilamente a los servicios administrativos a solicitar las ayudas que necesita.
Si hay algo claro en este asunto, es que las autoridades judiciales no pueden tomar en sus manos el futuro de este joven porque se les antoje. Aunque les parta el alma el asunto, los tribunales deben dejar que otros se ocupen de solucionarlo.
Si la jueza de menores señora Tatiana Dip Torres quiere ayudarlo (no es posible dudar de su sinceridad) debería resolver favorablemente su situación procesal en el menor tiempo posible y poner al joven en manos de la Secretaría de la Niñez del gobierno provincial, o de la oficina competente de la Municipalidad de General Güemes. Su responsabilidad llega hasta ahí. No se puede pedir a la jueza que se convierta en padre y en madre.
La noticia publicada por el servicio de prensa de la Corte de Justicia de Salta sobre este asunto carece de cualquier contenido o interés judicial. Puede que la situación tenga un costado humanitario, pero no es precisamente humanidad lo que se espera de los órganos judiciales sino una aplicación rigurosa y efectiva de la ley, sin remilgos ni sentimentalismos.
Para todo lo demás están los servicios públicos encargados del bienestar de nuestra infancia y nuestra juventud. Ningún fiscal, defensor oficial o asesor de incapaces podrá hacer más por este joven que la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, que dispone de todos los medios para conseguir sus fines, o la propia Municipalidad de General Güemes.
