La uniformidad del sistema laboral argentino (sobre el que la Provincia de Salta no tiene prácticamente ningún control) favorece el estatus y paraliza la movilidad. Es decir, crea inequidades profundas, allí donde el mismo sistema está llamado a corregirlas.
Pienso que es necesario que nuestros legisladores nacionales (me refiero a los salteños) se planteen como objetivo desechar una reforma laboral que profundice el centralismo, y que, en cambio, —sin romper con el principio de «unidad de mercado»— aboguen por regulaciones que favorezcan la adaptación de las unidades productivas a las particularidades de los territorios, sin tener que recurrir, por supuesto, a la «solución» brutal del aumento incontrolado del trabajo en negro.
Algunas de las ideas que se me ocurren son las siguientes:
1) Reducir y, a ser posible, eliminar las cotizaciones sociales de las empresas establecidas en Salta y las de sus trabajadores, especialmente en relaciones individuales de menos de diez años de antigüedad. Si bien esta medida puede tener un impacto mediato sobre la caja de las pensiones (el dinero que el Estado destina al pago de las jubilaciones), tendrá un efecto beneficioso inmediato sobre el poder de compra de los salarios de los trabajadores, aliviará sustancialmente el coste laboral de las empresas y dinamizará la economía de proximidad.
2) Favorecer la registración (o el blanqueo) de las relaciones de trabajo clandestinas mediante incentivos fiscales limitados, como ayudas directas o reducciones impositivas, mejorando al mismo tiempo los controles de la inspección laboral y la eficacia de sus procedimientos sancionadores.
3) Creación de un régimen laboral de aprendizaje, para trabajadores entre 16 y 22 años, que combine la prestación laboral con las prácticas en un oficio o en un puesto de trabajo determinado, sin cotizaciones sociales y con un salario inferior al de un trabajador formado a jornada completa. El aprendizaje permitirá que muchos jóvenes salteños con especiales dificultades de inserción en el mundo del trabajo puedan acceder a su primer empleo. Aquí también el rol de la inspección de trabajo es clave para evitar situaciones de explotación y fraude.
4) Permitir que los sindicatos y las patronales más representativos de Salta (cuya representatividad se podría establecer mediante procedimientos diferentes a los que rigen para el ámbito nacional) acuerden convenios colectivos de ámbito provincial, con regulaciones diferentes en aquellas materias previamente habilitadas por la negociación colectiva nacional.
5) Del mismo modo, permitir que las empresas de ciertas dimensiones (medidas por su volumen de facturación o por el número de asalariados a su servicio) puedan suscribir convenios de empresa con los sindicatos del sector (no con sindicatos de empresa), o, a falta de estos, con una representación unitaria de sus trabajadores, elegida del modo que prevé la ley. Estos convenios de empresa pueden derogar, de forma limitada, los convenios nacionales por rama de industria o los convenios de ámbito provincial, respetando los mínimos legales, siempre que la autoridad administrativa homologue dichos acuerdos.
Una reforma que combinara estos cinco elementos haría innecesario —al menos para el caso de Salta— meterse con asuntos tan peligrosos como la reducción por ley de la tarifa indemnizatoria del despido, la desprotección frente a las decisiones extintivas sin causa, la modificación al alza de la duración mínima de la jornada de trabajo, la reducción de los permisos remunerados o las vacaciones y los refuerzos de los poderes de dirección del empresario.
Evidentemente, una reforma eficaz y exitosa depende, en cualquier caso, de la capacidad representativa, la habilidad negociadora y la capacidad de presión de unos sindicatos locales fuertes, que deberían adaptar su estructura y su estrategia a los nuevos escenarios. Del mismo modo, la reforma podría lograr que las organizaciones patronales estuvieran más pendientes de su contraparte sindical y de las relaciones laborales, que de su propia capacidad para hacer lobby y obtener ventajas fiscales y prebendas de un Estado casi siempre predispuesto a ayudar a quien menos lo necesita.
Esto significa que una parte importante de los sindicalistas salteños deberá renunciar a la comodidad de que todo venga «masticado y resuelto» desde Buenos Aires. La recompensa a este «sacrificio» será un mayor protagonismo y un mayor poder en los centros de trabajo provinciales.
