La reducción de la jornada laboral: una vía para formar mejores ciudadanos

Al igual de lo que sucede en la Argentina, en donde el Congreso debatirá un proyecto de ley para reducir la jornada de trabajo, en España se defiende esta misma reducción como una forma de expandir el empleo (o redistribuir mejor el empleo disponible) sin reducir los salarios, y solo marginalmente, como un mecanismo para favorecer el bienestar de los trabajadores, la productividad de la mano de obra, la eficiencia y competitividad de las empresas o la conciliación de la vida familiar y la laboral.

Aun cuando todos los objetivos propuestos son respetables (unos más difíciles de alcanzar que otros), el que los trabajadores asalariados dediquen menos horas a su trabajo (lo que no necesariamente supone que hayan de trabajar «menos») es -y casi nadie lo ha dicho- una forma de contribuir al mejoramiento del carácter moral y cívico de la clase obrera.

En estos días tan cambiantes del indeciso otoño que nos ha tocado en el Oeste de Europa, mientras intento abstraerme de los interminables debates sobre la amnistía en España y las elecciones presidenciales en la Argentina, lleno mis horas vacías con la lectura de un libro muy interesante: El descontento democrático (Debate, Barcelona, 2023) (Democracy's Discontent. A New Edition for Our Perilous Times). Su autor es el filósofo político Michael J. SANDEL, titular de la cátedra Anne T. y Robert M. Bass de Teoría del Gobierno en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2018.

En un pasaje de su obra, SANDEL efectúa un prolijo repaso histórico sobre los debates que, a mediados del siglo XIX, condujeron a la adopción de la jornada de ocho horas dirias en los Estados Unidos de América. Eran épocas en las que el país se debatía entre, por un lado, el mantenimiento de una economía basada en la agricultura y el trabajo en pequeños talleres de cuentapropistas, y, por el otro, el advenimiento del capitalismo industrial.

Una parte importante del movimiento sindicalista de la época abogaba por reemplazar el emergente sistema de trabajo asalariado por un sistema cooperativo, en el que los trabajadores conservaran la propiedad de los medios de producción y fuesen sus propios patronos.

Uno de los declarados enemigos del sistema de trabajo asalariado era el influyente periodista Edwin Lawrence GODKIN, que consideraba que la nueva forma de producir no servía para cultivar la virtud cívica: «cuando un hombre accede a vender su fuerza de trabajo, también consiente implícitamente en rendir su independencia moral y social», escribía GODKIN.

Haciéndose eco de los argumentos de dos de los políticos más importantes de la época (Jefferson y Jackson), GODKIN sostenía que los obreros industriales asalariados estaban privados de la dignidad, la independencia y el espíritu público esenciales para el éxito del gobierno democrático: «Ningún hombre cuyo pan y el de sus hijos dependa de la voluntad de otro, o que no tenga otro interés por su trabajo que el de complacer a un jefe, cumple con esas condiciones; un cultivador de sus propias tierras sí los cumple. Él es el único hombre, tal como está constituida la sociedad actualmente en casi todos los países civilizados, del que se puede decir que es realmente amo de sí mismo».

Durante aquella etapa de transición, la forma de entender la relación entre el modelo económico y el sistema político puso frente a frente a los llamados «voluntaristas», partidarios de una concepción contractual de la libertad y por tanto contrarios a cualquier intervención coactiva del Estado en las relaciones de trabajo (entre los que se contaba a GODKIN, que pensaba por ejemplo que la reducción de la jornada era «una injerencia del Estado en la libertad de la industria y la sagrada integridad de los contratos»), y los «reformistas liberales», para quienes, sin embargo, la intervención del Estado en materia de tiempo de trabajo no solo era necesaria sino también inevitable.

El principal argumento con el que los líderes sindicales de la época, como Ira STEWARD, defendieron el acortamiento de la jornada laboral no tenía tanto que ver con la posibilidad de lograr que los trabajadores prestaran un consentimiento más completo en unas relaciones contractuales marcadamente desiguales, como con la convicción de que la reducción a ocho horas serviría para mejorar el carácter moral y cívico de los trabajadores asalariados.

Limitar por ley el número de horas de trabajo diarias -sostenían- daría a los trabajadores más tiempo para ser ciudadanos, es decir, para leer periódicos y participar en los asuntos públicos. «Solicitamos que se nos alivie la jornada laboral, que ahora consumimos en el servicio a otros, toda ella, y se nos deje tiempo para cumplir con los deberes públicos que tenemos asignados, o para ejercitar nuestros talentos personales o satisfacer nuestras ansias de placeres refinados», decían.

Pero, además de liberar tiempo para la actividad cívica, una jornada laboral más corta contribuiría -según estos líderes sindicales- a forjar carácter de un modo más indirecto, pues elevaría los gustos, mejoraría los hábitos y haría subir las aspiraciones de los trabajadores.

La historia ha demostrado, sin embargo, que el capitalismo se las ha sabido ingeniar para expropiar el tiempo libre de los trabajadores, ampliando de manera significativa los límites del consumo y de la distracción, que son útiles para reforzar el circuito de los negocios, pero que al mismo tiempo provocan una visible retracción de la dimensión cívica de los trabajadores asalariados. Parece evidente que cuanto más preocupados estén los trabajadores por producir, consumir y distraerse, cuanto menos dispuestos estén a atender sus responsabilidades cívicas y cuanto más alejados se encuentren del objetivo de buscar la mejora de la condición del hombre, la democracia y el autogobierno serán poco menos que imposibles.

Es por estas razones que pienso que en los debates sobre la reducción de la jornada legal de trabajo proyectada tanto en España como en la Argentina no se ha de reflexionar solamente sobre los aspectos económicos (la creación o redistribución del empleo, la mejora de la productividad) o los aspectos sociales (la conciliación de la vida familiar y laboral o la ampliación del tiempo de ocio), sino también, y muy especialmente, sobre las consecuencias políticas del uso del tiempo.

Bien es verdad que una intervención tutelar del Estado por vía legislativa que amplíe el tiempo libre de los trabajadores puede ser respondida, casi de inmediato, con un aumento correlativo de la oferta de consumo y de ocio, para que los salarios pagados vuelvan al sistema y para que la dimensión cívica de los trabajadores se estreche aún mas. Pero el Estado tiene en sus manos, a mi juicio, la posibilidad de corregir esta deriva no deseada.

En vez de acordar el pago de pequeñas cantidades extras de dinero, que en definitiva van a seguir alimentando el circuito del consumo y del ocio improductivo, que beneficia al capital y disminuye la calidad de la vida cívica, el Estado debería, entre otras medidas, subsidiar el acceso a Internet de los trabajadores y de sus familias, a condición de que estos acrediten un tiempo mensual mínimo de uso en prensa digital, en bibliotecas virtuales, en estudios a distancia, en museos digitalizados, en sitios de debate, en plataformas de participación cívica y de creación cultural.

En los tiempos que vivimos, el papel del Estado no se agota -como parece suceder en Salta y en buena parte de la Argentina- en la construcción de playones deportivos o de salones de uso compartido, pues por mucho que se multipliquen estas instalaciones, nuestra sociedad no va a encontrar el cambio que necesita.

En definitiva, que el Estado debe hacer esfuerzos para que la reducción de la jornada de trabajo y el aumento del tiempo libre no terminen alimentando la espiral capitalista y se empleen para elevar la condición de los trabajadores, para intentar que a través de la formación, de la información, del acceso a la cultura y del fomento del ocio creativo, no solo sean mejores productores sino también mejores ciudadanos, más capaces de aportar provechosamente a la deliberación pública, mejor preparados para sostener el autogobierno y más atentos a la hora de vigilar sus libertades y exigir su respeto.