La ambición personal o grupal es tan antigua como la humanidad y no es necesariamente mala de suyo. Sin embargo, solo recientemente este tipo de ambición se ha convertido en Salta en un elemento central de la convivencia política.
El primero es el protagonismo cada vez más excluyente del Estado (especialmente del provincial) en la economía de los negocios. No hay en Salta actividad económica de escala que no esté atravesada por regulaciones estatales de las más diversas, y tampoco hay empresarios o agentes económicos dispuestos a tomar riesgos, si estos pueden ser asumidos por el Estado (es decir, por todos), para beneficio solamente de unos pocos. Hablamos de la socialización de los riesgos y la privatización de las ganancias.
El segundo es el llamado «efecto autopista»; esto es, la sensación que tienen algunos de que otros como ellos (es decir, sin un plus de talento que los haga especiales) los adelantan en base a mejores conexiones con el poder y al ejercicio de una moral mucho más flexible y laxa. Nadie quiere quedarse atrás, de modo que los «honrados» rápidamente dejan de lado sus escrúpulos (y sus principios, si es que los tienen) nada más percibir que los de al lado, con un mínimo sacrificio personal y sin que la sociedad les reproche nada ni los coloque a extramuros de la moral compartida, trafican influencias y se enriquecen al rescoldo del poder.
Pero la ambición personal no es ingobernable. El poder formal emplea ingentes recursos, no tanto en su moderación, sino más bien en la «selección» de los elegidos y en el diseño de las herramientas personalizadas que los ayuden a prosperar. Así, el ingrediente fundamental de la política no es el interés general sino el reparto más o menos arbitrario de los espacios de influencia y de lucro cautivo de agentes privados sin apenas moral y con un nulo sentido de la solidaridad.
Paralelamente, el gobierno hace «como si» gobernara en interés de los menos favorecidos, dedicándole a ellos, básicamente, buenas palabras. Intenta contentarlos (y contenerlos) no solo con un discurso de diseño, milimétricamente calculado, sino también con obras públicas -probablemente necesarias pero de una ínfima calidad- que se pagan a precios estratosféricos y con la celebración de elecciones en las que se agitan las pasiones más primitivas y lo que menos cuenta es la voluntad reflexiva del elector expresada en las urnas.
Por debajo del discurso oficial «buenista», que exalta a los ciudadanos más vulnerables pero que en los hechos apenas si se ocupa de ellos, se mueve una sofisticada maquinaria bucrocrática que, con una clara dirección política, se encuentra al servicio de la ambición personal o grupal de intereses singularmente incapaces de rendir cuentas democráticas y muy poco interesados en la calidad y transparencia de las institituciones. El gobierno «real» dispone de mecanismos y de recursos muy sofisticados al servicio de este objetivo, que si se aplicaran con inteligencia y criterio moral a la satisfacción de las necesidades generales, nuestra sociedad sería, con seguridad, un modelo de prosperidad y de justicia.
Gobernar la ambición no es, sin embargo, ni fácil ni cómodo. Los que piensan que el gobierno favorece a los ricos sin apenas hacer esfuerzos, se equivocan por completo. Como escribió Tolstoi, “la ambición no hermana bien con la bondad, sino con el orgullo, la astucia y la crueldad”. El gobierno debe, pues, lidiar con todas estas «cualidades» humanas y encontrar una salida aceptable que contente a la mayor cantidad de ambiciosos posible, intentando al mismo tiempo dejar fuera del reparto de prebendas al menor número de ellos. La concurrencia de «egoísmos» de variado cuño representa un desafío singular para cualquier gobierno.
Esta operación consume una gran cantidad de energía pública que correlativamente se detrae de otros asuntos en los que generalmente está interesado el común de los ciudadanos; es decir, aquellos que -aun pudiendo ser portadores de ambiciones personales- carecen de riqueza y de acceso a los sujetos de poder. Solo la debilidad de nuestra sociedad civil y el carácter dócil de nuestras clases más desfavorecidas impide que esta malversación de energía produzca consecuencias sociales catastróficas.
Estoy convencido de que el gobierno hace lo mejor que puede en este sentido y que, aunque los gobernantes bien podrían intentar un giro importante en esta materia, su responsabilidad en el despliegue de la «maldad insolente» (en forma de apetito de riqueza) es sustancialmente menor a la de otras instituciones públicas que deberían, a mi juicio, contribuir sin complejos ni ataduras a la difusión de una cultura de la libertad con justicia y la igualdad de oportunidades: hablo de las universidades y de los jueces.
Nuestras universidades -dicho sea con el máximo respeto- se han convertido en cantera de futuros ambiciosos y ambiciosas, incapaces de cultivar la solidaridad y de contribuir a las necesidades del interés general. El diseño de sus carreras y las preocupaciones de sus gestores demuestran sin dudas que estas instituciones están embarcadas en una operación de gran escala de utilización y manipulación del conocimiento, pero no como un instrumento de progreso moral e intelectual, sino como una herramienta para la obtención de metas materiales.
La judicatura -que paradójicamente suele utilizar el conocimiento como castigo- tampoco cumple su rol de último guardián de las libertades fundamentales y opera en una dirección completamente contraria, debilitando a la democracia y avalando la pérdida de eficacia de las instituciones. Lo hace al ignorar calculadamente la racionalidad legal y al postergar las normas constitucionales para poner por delante «principios» y «valores» que los propios jueces acomodan rápida y convenientemente a las necesidades coyunturales de los portadores de intereses sectoriales.
En resumen, que Salta no progresará en la medida en que quienes deben identificar el interés general y trabajar para realizar y alcanzar valores y objetivos que trascienden los intereses concretos de ciudadanos o grupos, dediquen sus mejores esfuerzos a la consagración del egoísmo de ciertos bon vivants. Gobierno, universidades y jueces, por ese orden, deben elegir entre privilegiar el interés general y cohesionar la sociedad o ser portavoces y garantes del egoísmo más reconcentrado.
