Lo que ha sucedido es relativamente fácil de explicar, aunque probablemente tenga algunas complicaciones que, de haberlas, se me escapan por completo.
La reacción no se hizo esperar, pues casi de inmediato se puso en marcha una feroz maquinaria de descalificación que descargó su ira contra la exfuncionaria, de una forma, diría, llamativamente coordinada.
Como digo, aquel tuit -posteriormente borrado, según entiendo- estuvo muy lejos de ser una buena idea. Su autora perfectamente se lo podía haber ahorrado, entre otros motivos porque su contenido no aportaba nada a la cuestión y porque, como finalmente sucedió, quien lo publicó se arriesgaba a que su opinión fuese interpretada como oportunista y sesgada.
Lo que ocurrió -y esto es lo verdaderamente lamentable y preocupante- es que las avispas que se lanzaron en picado sobre la humanidad de la ex Secretaria de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Salta le negaron su derecho a expresarse, argumentando básicamente los pobres resultados de su gestión como responsable de las obras públicas municipales, su falta de rendición de cuentas, los sobreprecios en las obras, la falta de conclusión de muchas de ellas y unas cuantas cosas más.
Se podría decir que con un lenguaje no muy elegante que digamos, los disconformes con su tuit (que fueron muchos) la invitaron a «llamarse al silencio», como se acostumbra a decir por esos lares cuando alguien no quiere que otro hable.
Este precisamente es uno de los defectos más visibles de nuestra precaria democracia. Los que han tenido responsabilidades de gobierno, y han salido mal parados de ellas, parece que dejan de ser ciudadanos, que no tienen derechos y que nunca más pueden decir lo que piensan de los asuntos públicos e, incluso, de los asuntos privados.
No veo que sea razonable, justo y democrático que se le diga al expresidente Alberto Fernández que no debe opinar o que se lo invite a «seguir descansando en España». Lo mismo sucede con las opiniones de Cristina Kirchner, otra persona que no despierta precisamente olas de simpatía.
Después de perder su reelección de una forma humillante y después de traspasar el mando municipal de muy mala gana, la exintendenta Bettina Romero se pasó un buen tiempo en las redes sociales intentando defender lo que hizo mientras estuvo en el cargo.
A muchos no les cayó bien esta defensa extemporánea (la interpretaron como una pataleta de un niño al que le acaban de arrebatar un juguete de las manos), pero difícilmente -que se sepa- han mandado masivamente a la señora Romero a «llamarse al silencio», como lo han hecho en cambio con Angulo, con Fernández o con Kirchner.
Pero no estamos hablando de personas con un mismo nivel de responsabilidad y creo que sería conveniente distinguir y tener un mínimo sentido constructivo. Pienso que detrás de todo esto hay una visión muy recortada de la responsabilidad pública y, sobre todo, un enfoque precipitado y deficiente sobre la oportunidad de la puesta en marcha de los mecanismos para exigir aquella responsabilidad.
Es Romero la que debe ponerse al frente de las responsabilidades democráticas que se derivan de su gobierno deficiente, de su prodigalidad, de su populismo desbocado y de su nula propensión al diálogo. Lo mismo vale para Fernández y para Kirchner.
No digo que la señora Angulo no tenga ninguna responsabilidad y que, como se dice, deba «irse de rositas» sin dar cuenta de lo que hizo o dejado de hacer. Simplemente digo que mientras la responsabilidad de Romero sigue viva (porque sus desaciertos han sido muy graves), la de su Secretaria de Desarrollo Urbano -que pudo haberse equivocado, por supuesto- tiene que tener un límite temporal razonable.
Pienso que una vez que ha dejado el cargo que ocupaba, por finalización del periodo de gobierno, toda la responsabilidad se traslada a su antigua jefa, que es quien debe asumirlas sin cortapisas, tanto frente a la opinión pública como frente a los tribunales de justicia. Así debe funcionar la accountability en un sistema democrático de gobierno. No se puede perseguir a todos durante todo el tiempo.
Pero mientras las responsabilidades de una y otra se depuran, pienso que nadie tiene derecho a negarles el uso de la palabra; simplemente, porque negárselo es mucho menos democrático que haber llevado a cabo la peor de las gestiones deficientes.
Quienes han abandonado el poder en no muy buenas condiciones de popularidad conservan todo su derecho a hablar y a expresarse, como así también su derecho a defenderse, que es tan sagrado como los dos anteriores. Por desgracia, nos hemos convertido en un país de «shushers» en donde, a la más mínima, mandamos a callar a los que no piensan como nosotros.
Un demócrata de verdad respeta estos derechos y no los niega por sistema, sea por la coyuntura política o sea por el resultado de unas elecciones.
