No esperaba de él, por supuesto, ni una pieza oratoria sublime ni un ejercicio de hábil esgrima parlamentaria; pero tengo que admitir que algunas de sus afirmaciones me han suscitado un inusual interés, lo cual no sinceramente no esperaba.
Sorprendente también porque, para Romero, la «coherencia» no consiste en mantener una actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan, sino más bien en «decir» lo que a él le interesa que otros digan, en determinadas circunstancias.
Así las cosas, para el legislador, «callar» no es una opción ni un derecho que tienen las personas; menos aún las que tienen alguna responsabilidad política.
Romero se ha ensañado particularmente con la diputada Mónica Juárez, a quien ha afeado su falta de «coherencia», por no haber abierto la boca en las siguientes dos situaciones:
1) Cuando la inefable jueza Carolina Cáceres Moreno (la misma que intentó notificar una resolución de mero trámite al Papa Francisco), dictó una especie de orden de protección en favor de la exintendenta Bettina Romero en el pleito que le enfrentó al periodista Mario Ernesto Peña, y
2) Cuando el exgobernador Juan Manuel Urtubey «birló» (este fue el verbo que utilizó Romero en la sesión) 600.000.000 de dólares del Fondo de Reparación Histórica, un dinero que, como de todos es sabido, administró magnánimamente su hermano Rodolfo.
Dice el diputado Romero que Mónica Juárez no dijo nada en ninguna de las dos ocasiones y que por ello es «incoherente».
Pero ¿debió decir Juárez algo sobre estas cuestiones?
Romero ha subrayado con trazos gruesos que Mario Ernesto Peña «fue condenado» en el pleito con su hermanísima. Pero la verdad es que la jurisdicción de Violencia Familiar y de Género de Salta no puede condenar ni absolver a nadie. No existe para eso.
Las juezas y jueces de este fantasmagórico orden jurisdiccional solo pueden adoptar las medidas cautelarísimas –y, por tanto, precarias y revocables– que están previstas en el artículo 8 de la ley provincial 7403, que por cierto el juez puede adoptar con o sin audiencia del denunciado. La «condena» de Peña es, pues, pura fantasía.
Según Romero, el «grave pecado» de Mónica Juárez fue «no haber dicho nada» sobre esta inexistente «condena», siendo que ella –Juárez– era presidenta de la Comisión de la Mujer cuando Cáceres Moreno mandó al infierno al señor Peña.
También tendría que haber abierto su boca la diputada Juárez frente al presunto latrocinio de los hermanos Urtubey. Dice Romero que «no dijo nada» cuando los 600 millones de dólares del FRH se esfumaron, porque Juarez «tiene amistad con Urtubey».
Que se sepa, Romero tampoco dijo nada cuando se supo que el Secretario General de la OTAN había acordado con los países que integran la alianza que cada uno destine el 5% de su PIB a los gastos de la defensa.
¿También él es «incoherente» por haber callado?
Al parecer, si Mónica Juárez no abre la boca cuando sopla el zonda, cuando pierde Central Norte, cuando una colega amenaza con bajarle los dientes a otra, cuando el Gobernador de va de gira, o cuando el Presidente recorta fondos a los hospitales, es una salvaje que no merece el cargo que ocupa.
El señor Romero ha inaugurado, sin dudas, una nueva era en la interpretación de los principios y los valores morales trasladados a la política.
