Hay quien sostiene que la sola insinuación a los fiscales, por parte del Gobernador de la Provincia, para que cumplan con su obligación legal de perseguir los delitos comporta un imperdonable agravio a la división de poderes consagrada en la Constitución provincial.
Antes de razonar, muy superficialmente por supuesto, sobre la independencia funcional y la autonomía del Ministerio Público salteño, en sus tres ramas, diré que el Gobernador de la Provincia está perfectamente facultado para pedirle a los fiscales que persigan determinados delitos, sin necesidad de activar ningún mecanismo especial para ello, y sin que el pedido comporte una intromisión en las facultades privativas de otro poder del Estado.
La base constitucional para esta facultad gubernamental a la que me refiero se encuentra en el inciso 18 del artículo 144 de la Constitución de Salta, el último de todos, al que muchos en estos días ignoran, probablemente por conveniencia.
Este precepto faculta al Gobernador de la Provincia a adoptar «las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público por todos los medios que no estén expresamente prohibidos por la Constitución y leyes vigentes».
Entre estas medidas se encuentra, a mi juicio, la excitación del Ministerio Público Fiscal en el ejercicio de la acción penal, pues entiendo que se trata de un medio que no está expresamente prohibido por la Constitución y por las leyes. No tengo en mi cabeza todo el Ordenamiento jurídico salteño y puedo, lógicamente, equivocarme. Si alguien encuentra una norma que prohíba expresamente que el Gobernador recurra a los fiscales para tutelar el orden público, por favor, que me avise.
En estos días, se ha acusado falsamente al Gobernador de Salta de haber utilizado «influencias indebidas» para que los fiscales penales iniciaran de oficio una investigación criminal por uno o varios delitos contra el orden público. Si tales influencias han existido, lo que parece en principio muy claro es que no han sido «indebidas»; es decir, no estuvieron ni están fundamentadas en la voluntad arbitraria del Gobernador, sino amparadas -y bastante bien amparadas, diría yo- en el ya citado artículo 144.18 de la Constitución de Salta.
Se puede dudar, por supuesto, de la sinceridad del compromiso del Gobernador con el mantenimiento de orden público, pero creo que desde ayer un poco menos, porque justamente ayer se conoció la noticia de que el Plan Güemes -otra medida del Gobernador amparada en el mismo artículo 144 inciso 18- ha hecho posible la desarticulación de una muy compleja banda de narcotraficantes.
Frente a una alteración del orden público, lo ideal y deseable sería que el Gobernador hiciera pública la situación y señalara a quienes la provocan. Pero entiendo yo que en determinados casos graves, como el que investigan ahora mismo los fiscales, una declaración abierta en tal sentido -una denuncia, por ejemplo- podría provocar más perturbaciones y desasosiego que los que se pretendían evitar.
Conociendo a los fiscales, es muy dudoso que hubieran aceptado de buen grado una «instrucción» al respecto. Conociendo al Gobernador, pienso que por mucho que la situación afecte a su gobierno (y a él personalmente), Gustavo Sáenz no sería capaz de dar «órdenes» a quien no puede recibirlas y menos aún cumplirlas.
Creo que vivimos en épocas en que se produce una tensión permanente entre el deber y la misión de promover la acción de la justicia y la defensa de la legalidad, que compete a los fiscales, y los intentos -reales o imaginarios- de instrumentalización de la institución fiscal por parte del resto de los poderes públicos, en especial por el gobierno de turno.
Ayer la fiscal del caso, la señora Sofía Cornejo Solá, ha salido a decir que «el asunto es jurídico, no político». Yo no estoy de acuerdo, como no lo estoy con la calificación jurídica que ha dado a los hechos.
Creo, al contrario, que la alteración del orden público es un problema eminentemente político, que requiere soluciones políticas, aunque tales soluciones deban buscarse, o encontrarse, en la aplicación de la ley.
No hay por qué temer a la política, ni siquiera cuando ella actúa por medios jurídicos.
Política, en el sentido más prístino del término, es la facultad que el artículo 144.18 de la Constitución provincial reconoce y atribuye al Gobernador de Salta, como políticas son también las consecuencias legales de esta operación tan complicada que está animando el verano salteño.
El principio de legalidad vincula a todos los poderes del Estado y condiciona la actuación de todos los funcionarios y empleados a su servicio. Cada uno tiene que saber el lugar que ocupa de cara a la misión esencial de preservar el orden público. El Gobernador no puede mirar para otro lado cuando entiende que alguien está violando la ley, porque aunque él no juzga, no acusa ni investiga, no puede desentenderse de la legalidad en ningún momento y hacer como si nada sucediera. Lo mismo se podría decir del otro lado de la controversia, porque también hablamos de funcionarios a sueldo del Estado.
Que se hable de «persecución» y de «terrorismo de Estado», como se está haciendo en Salta en estos días, a mi juicio no hace otra cosa que revelar la impotencia jurídica y la falta de argumentos legales sólidos de los que están en la mira de los fiscales y de quienes dicen defenderlos. Es sabido que las palabras altisonantes y catastróficas se pronuncian cuando la inteligencia no permite encontrar las adecuadas.
Las dos («persecución» y «terrorismo de Estado») son acusaciones marcadamente políticas, reproches graves -diría que gravísimos- que apenas tienen una formulación jurídica.
Aunque nuestra justicia no es la mejor del mundo, en Salta hay leyes preexistentes, tribunales imparciales, jueces estudiosos y ecuánimes y todo un sistema de garantías diseñado para permitir una defensa adecuada. Si frente a la acusación fiscal en ciernes, la defensa consiste únicamente en atacar brutalmente al Gobernador, a la fiscal y a los jueces, lo que queda muy claro es que los investigados no tienen buenos argumentos para defenderse y que el ventilador que han puesto en marcha solo contribuye a confirmar su culpabilidad.
No se debe olvidar en ningún momento que el principal investigado en estos momentos fue ministro de un gobierno que llegó a su máxima cota de manipulación de la justicia. No parece que ahora su victimización sea sincera y que no tenga cómo defenderse con garantías, algo que yo personalmente espero y deseo que haga, sin escudarse detrás de sus fueros.
