Los principales acusados son Luis Emilio Fayón Medina (pariente lejano de Romero), su esposa Roxana González Domínguez y su cuñada, Josefina González Domínguez.
La investigación fiscal estuvo centrada en presuntas maniobras fraudulentas, sobreprecios y un manejo irregular de fondos en la panadería social municipal, con un perjuicio actualizado superior a los 150 millones de pesos.
La información oficial del Ministerio Público Fiscal de Salta dice que Fayón Medina, quien se desempeñó como presidente de la sociedad del Estado “Pan Solidario” (Panadería Social) entre abril de 2021 y enero de 2024, está acusado en calidad de autor, mientras que su esposa y su cuñada han sido señaladas como partícipes necesarias del delito.
La intervención de Salinas Odorisio se inició a partir de una denuncia formulada el 24 de mayo de 2024 por el Procurador General de la Municipalidad de Salta. Según la investigación, el entonces presidente del organismo habría intervenido en contrataciones con proveedoras vinculados a su grupo familiar, configurando una situación de conflicto de intereses.
De acuerdo con la acusación, Roxana González Domínguez y Josefina González Domínguez se habrían incorporado como proveedoras del organismo poco antes de concretarse las operaciones investigadas, sin registrar antecedentes comerciales ni experiencia previa en el rubro.
Las contrataciones efectuadas con Roxana González Domínguez alcanzaron un la cantidad de 48.833.755,34 de pesos, mientras que las realizadas con Josefina González Domínguez ascendieron a 7.739.180 de pesos, conforme surge de la documentación contable incorporada al expediente.
La Fiscalía sostiene que parte de los insumos facturados no fueron efectivamente entregados a la panadería ni fueron registrados en stock, generando un importante perjuicio económico. El informe contable del gabinete de delitos económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales determinó faltantes de mercadería por cantidades millonarias, con una proyección actualizada que supera los 150 millones de pesos en uno de los casos analizados.
Asimismo, se han acreditado durante la investigación diferencias significativas entre los precios abonados y los valores de mercado en la compra de determinados insumos. Entre ellos se menciona la adquisición de margarina premium de 10 kilogramos a precios considerablemente superiores a los habituales, con un perjuicio estimado en más de 3,3 millones de pesos.
También se detectaron compras de materias primas en cantidades superiores a las requeridas para la producción de la panadería, sin que el excedente se encontrara debidamente registrado ni en stock. Entre los principales faltantes figuran importantes volúmenes de harina y dulce de leche, valuados en millones de pesos.
Según la hipótesis fiscal, Fayón Medina autorizaba las contrataciones y los pagos cuestionados, mientras que las proveedoras intervenían en el circuito de facturación de las operaciones investigadas. Para la Fiscalía, la actuación conjunta de Fayón Medina y sus parientas permitió el desvío de fondos públicos mediante compras sobrefacturadas, mercadería que no ingresó al organismo y operaciones incompatibles con los deberes de administración inherentes al cargo.
Tras la presentación de la acusación, se procederá al sorteo del juez que intervendrá en el control de la acusación, se dará intervención a las partes y señalará una audiencia a fin de definir si la causa queda en condiciones de ser remitida a juicio.
