Según diferentes medios de prensa, el borrador de aquella iniciativa se presentó a pedido de la entonces Vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien había interesado a los legisladores de su partido para que sancionasen una ley que penalizara lo que llamaron «el negacionismo».
Obsérvese que lo que pretendía el kirchnerismo entonces no era castigar la justificación de la dictadura y sus motivaciones (asunto realmente grave), sino clausurar, mediante una declaración legal —es decir, desde el Estado—, un debate vivo entre historiadores, académicos y fuerzas políticas, suprimiendo la opinión libre, elevando las atrocidades de la dictadura militar a una inamovible categoría de «hechos históricos claramente probados» y castigando con la cárcel a quien simplemente osara cuestionar o disentir con la declaración legal.
El mismo sector político que impulsó aquella ley en 2023 es el que hoy, dos años después, defiende con ardor la libertad de expresión y denuncia como censura previa, contraria a la Constitución nacional, una medida judicial restrictiva.