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  • Una obligación que viene con el sueldo
  • Invito a los ciudadanos a contar las veces que en la comunicación oficial se nos cuenta que tales o cuales funcionarios se han reunido y se han puesto de acuerdo en «trabajar mancomunadamente».
Imagen ilustrativa
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Para el que no esté enterado, convendría aclarar que la diferencia entre una democracia y una autocracia consiste, precisamente en que los gobernantes democráticos, sea cual fuere su responsabilidad y su ámbito de actuación, están obligados a ponerse de acuerdo con otros. Así como ninguna golondrina solitaria hace verano, ninguna democracia se construye con «trabajos desmancomunados».



La situación es todavía más encandalosa cuando los que se juramentan «articularse» pertenecen a la misma Administración. No es infrecuente ver a dos ministros del mismo gobierno que se sientan pomposamente a firmar convenios para «trabajar mancomunadamente» en tal o cual problema.

¿Es que necesitan un convenio para coordinarse? ¿No se supone que si comparten responsabilidades en un mismo gobierno se da por hecho que deben trabajar conjuntamente?

El trabajo de gobernar no es como el del guardabarreras o el ermitaño, que se puede hacer en triste soledad. Gobernar es sinónimo de «ponerse de acuerdo» para buscar soluciones consensuadas. A ser posible, en pequeñas multitudes. La democracia -insisto- no se lleva muy bien con las soluciones de «hombre único».

Partiendo de la base de que ningún problema del gobierno puede ser resuelto por una sola persona -y, muchas veces, ni siquiera por un solo ministerio- parece superfluo decir que el esfuerzo de decidir y hacer ejecutar lo decidido requiere siempre de una pluralidad de personas. Si a cada una de ellas le estuviera permitido hacer lo que le dé la gana y despreciar el trabajo de y con los otros, los problemas no solo no se resolverían sino que se agravarían.

Ningún funcionario se hace acreedor a un aplauso extra de la ciudadanía por «trabajar mancomunadamente». Para hacer eso le pagan el sueldo.



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