Paradójicamente, el «culpable» de esta densa contaminación, que está bloqueando la convivencia, entorpeciendo el diálogo y reduciendo la participación social, es el ejercicio de la libertad de expresión.
En los últimos años de experiencia democrática nos hemos anoticiado de la existencia de una libertad de expresión que destruye, en vez de construir. Ahora, el ejercicio de esta libertad trae normalmente aparejada una agresión que, curiosamente, también está amparada en la misma libertad. Este ir y venir de opiniones seguidas de agresiones (en uno y otro sentido), antes que enriquecer o mejorar nuestra convivencia, reduce sustancialmente nuestra calidad de vida democrática.
Creo en la libertad de expresión, pero más todavía creo en la moderación y, sobre todo, en la necesidad de que los más responsables y moderados defendamos el «discurso digno»; es decir, esa forma de comunicación que respeta la dignidad humana, promueve el respeto mutuo y evita la violencia, la discriminación, el menosprecio –y, desde luego, el odio– hacia personas o grupos.
Soy perfectamente consciente de que la defensa de un discurso ético, inclusivo y constructivo, que busca fomentar el diálogo, la comprensión y la convivencia en un espacio público aparece hoy como una aspiración lejana e irrealizable. Pero también creo que si nos dejamos abrazar inmóviles por la intolerancia y empleamos en la comunicación un tono áspero, agresivo, mordaz o hiriente, solo generamos más tensión y agudizamos los conflictos.
Parto de una premisa muy simple: los gobiernos no tienen siempre la razón con lo que hacen o lo que dicen. El ejercicio del poder –felizmente coyuntural– no confiere a nadie una especial autoridad moral o intelectual.
La responsabilidad cívica consiste no solamente en la facultad de contradecir a los gobiernos sino que integra también el deber de hacerlo.
Los opositores al actual gobierno nacional reaccionan dolidos por el ataque a su libertad de expresión cuando ministros, portavoces y el mismísimo Presidente los ridiculizan públicamente con expresiones agresivas y tono destemplado. Desde luego que no está bien. Pero habría que recordar que hasta hace muy poco, los «agredidos» de hoy fueron los «agresores» de ayer. Y a la inversa. En los últimos veinte años, la espiral de odio no ha hecho sino realimentarse.
El desplazamiento de un gobierno autoritario, fabulador e intolerante no ha permitido –infelizmente– que los argentinos dialoguemos y nos entendamos mejor. A estas alturas, parece que la respuesta al autoritarismo del pasado (a las fábulas del «relato» y a la intolerancia hacia el diferente) no es sino más autoritarismo y más atropellos contra las libertades.
En este punto –porque no en otros– las dos orillas de la «grieta» se parecen como dos gotas de agua. Quienes lo denunciamos antes fuimos inmediatamente colocados entre los «reaccionarios» y «retrógrados»; quienes lo denunciamos ahora somos inmediatamente colocados entre los «woke» y el «zurdaje de mierda». Pero así como insisten ellos, también insistimos nosotros. Las etiquetas no nos desaniman.
Pienso –para concluir– que la formulación jurídica del derecho a expresarse libremente debería que contemplar dos importantes innovaciones: 1) el derecho a no ser agredido en nombre de la misma libertad de expresión; y 2) la especial protección constitucional del «discurso digno».
Sustituir una intolerancia por otra de signo contrario es la mejor forma de que ninguna libertad pueda ejercerse en interés de los ciudadanos y del sistema de convivencia que un día decidieron erigir.
