Según la información oficial, la inhabilitación penal pronunciada por el Tribunal de Impugnación implica la privación del empleo o cargo público que ejercía el penado aunque provenga de elección popular, la privación del derecho electoral, la incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas, la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar, cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión.
En el caso del Gonza se impuso además la pena accesoria de inhabilitación ya que los delitos fueron cometidos en el ejercicio de sus funciones en su calidad de Intendente Municipal de la villa de San Lorenzo
Todo ello —dice la información oficial— de conformidad a los hechos por los que resultó condenado de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios, en concurso real.
