Según la información oficial del Ministerio Público Fiscal de Salta, los dos agentes investigados han comparecido a la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria asistidos por abogados de libre designación e hicieron uso de su derecho a no declarar.
Los fiscales pudieron establecer que uno de los imputados, que se desempeñaba en la oficina de dactiloscopía, que carece de facultades para cobrar dinero o intervenir en trámites de cobro vinculados a procesos administrativos, confeccionó unos certificados sin estar legalmente facultado para ello.
Constataron también que dos certificados correspondientes a docentes llevaban los troqueles que habían sido reportados como desaparecidos.
Las docentes engañadas manifestaron que un hombre vestido de civil les había ofrecido gestionar el trámite al margen de los canales oficiales y que, por esa gestión, les había pedido transferencias de dinero. El misterioso gestor de certificados es también un agente de Policía y la cuenta bancaria en la que se ingresaban los pagos pertenecía al otro agente investigado.
Asimismo, el análisis de comunicaciones y movimientos bancarios permitió corroborar contactos frecuentes entre ambos sospechosos y transferencias de dinero coincidentes con las fechas en que se habrían confeccionado y entregado los certificados cuestionados.
