Este parece ser el caso de la Ministra de Educación del gobierno provincial de Salta, señora Cristina Fiore Viñuales, a quien le ha importado bastante poco, según se ve, que las tareas de «acompañar las trayectorias educativas y prevenir situaciones de abandono escolar en el nivel secundario» hayan sido confiadas al CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).
Llevar a las aulas a un experto del CIPPEC a hablar sobre acompañamiento de trayectorias educativas y prevención de situaciones de abandono escolar, es más o menos lo mismo que llevar a un cura a hablar en contra del pecado.
Son los maestros (especialmente los que perciben un sueldo del Estado) los que deben preocuparse por evitar el abandono escolar en el secundario. Es la ministra, y no una organización privada, la que debe ocuparse de identificar y combatir las causas que predisponen al abandono escolar en este nivel educativo.
¿Carece acaso el Ministerio de Educación de la Provincia de Salta de expertos lo suficientemente preparados para diseñar políticas públicas que prevengan el abandono escolar?
La presencia de expertos privados (o de presuntos expertos) habla por supuesto del abandono, pero en este caso del abandono de las responsabilidades que le caben a la Ministra en virtud de la ley provincial 7546; especialmente su artículo 5 que establece que el gobierno provincial tiene la responsabilidad principal e indelegable de fijar la política educativa, controlar su cumplimiento y proveer los recursos.
Por más que el CIPPEC presuma de neutralidad ideológica y de equidistancia política, sus puntos de vista y recomendaciones —parciales, por definición y, en algunos casos, sesgados— no son representativos de la opinión de los gobernantes, ni pueden sustituirlos de ningún modo.
