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  • La libertad, amenazada por la apatía de los votantes
  • Salta es hoy -y muy a pesar de lo que dice su Constitución- un régimen político iliberal que solo tiene el nombre de democracia por el hecho de la convocatoria periódica a elecciones populares.
Imagen ilustrativa
Imagen ilustrativa

Votamos mecánicamente desde 1995 en adelante, porque desde esa fecha han desaparecido las alternativas reales que hacían posible el ejercicio regular del derecho al sufragio. Al no haber alternativas reales (cada vez las hay menos) los electores son cada vez menos libres y la democracia es menos liberal, en el mejor sentido de la palabra.



En Salta, de todos es sabido que han colapsado los partidos políticos, ha desaparecido la oposición, las minorías ya no tienen derecho a convertirse en mayorías en cualquier momento. La contribución de las minorías al bienestar común -nota característica del sistema republicano de gobierno- es abiertamente despreciada por aquellos que obtienen en las urnas un solo voto de más que el oponente. La frustración de los ciudadanos y su falta de confianza en la política es creciente, así como creciente es la difusión de lo que se ha dado en llamar la «cultura de la cancelación».

En los últimos 27 años, Salta ha oscilado entre la democracia y la autocracia. Pero cuando le ha sido posible ha puesto el acento en los componentes democráticos de la democracia, mucho más que en los componentes liberales, que son justamente los que sustentan la república mixta que idearon los constituyentes nacionales de 1853.

La fatiga electoral está relacionada, en principio, con un fenómeno psicológico conocido como fatiga de decisión. Como su propio nombre lo sugiere, nuestro cerebro experimenta fatiga mental después de tomar muchas decisiones. Cuando eso ocurre, tendemos a encontrar atajos para reducir la carga de trabajo. Pero este fenómeno está asociado también a la idea que tiene el votante de que con su voto no puede cambiar las cosas, que su voto es inútil y de que a pesar de acudir a votar todo va a seguir como está, que van a gobernar los mismos y que seguirán los mismos problemas.

Por esto, la fatiga electoral en Salta no está relacionada tanto con la cantidad de veces que el ciudadano acude a las urnas, que ya son muchas, como por la falta de estímulos para votar. Evidentemente, en Salta no tenemos altos porcentajes de abstención porque el voto es obligatorio. Quizá si en Salta se utilizara con frecuencia el referéndum, como se utiliza en la democracia italiana o en la suiza, los electores experimentarían menos esta sensación de fatiga y de desencanto, porque aunque serían llamados a decidir con más frecuencia, tendrían la sensación de mayor proximidad con los asuntos públicos y sentirían que su voto cuenta para decidir cuestiones importantes.

Este proceso está indudablemente influido por la disociación entre las velocidades de la comunicación y de la decisión política. Los tiempos de la comunicación se han acortado muchísimo, hasta el punto de que los usuarios demandan de la política respuestas inmediatas que la política no es capaz de proporcionar. Los medios alientan un modelo de sociedad en la que sus individuos lo quieren todo para ahora mismo, incluso las soluciones a los problemas más complejos. Esta disociación de velocidades termina alejando a los ciudadanos de la política y haciendo que el sistema entre en una zona de fatiga electoral.

Es por esta razón, entre otras, que los ciudadanos eligen a tantos periodistas, comunicadores, deportistas e influencers para cargos públicos. El ciudadano cree que el periodista o el comunicador pueden dar respuestas más eficaces que el político tradicional. Pero esto es un claro error, dicho sea con todo el respeto que se merecen los periodistas.

El ciudadano también percibe que hay un desplazamiento del poder, o mejor dicho, de las fuentes del poder. Todo esto ha evolucionado tan de prisa en los últimos años, que -como ha dicho un alto directivo de Google- «los pequeños rápidos son capaces de ganarles batallas a los grandes lentos». Los políticos ya no se reúnen a deliberar. Arreglan sus asuntos por WhatsApp, y esto también es un peligro para la democracia, puesto que la falta de deliberación no solo desnaturaliza la misión del político sino que termina también desdibujando el papel del elector.

Democracia pluralista y deliberación pública

Entre la Constitución Nacional y la Constitución de Salta hay una diferencia fundamental en la que pocos han reparado y sobre la que poco se ha reflexionado.

Casi todos sabemos que la Constitución Nacional instauró el sistema representativo de gobierno (una república mixta) y que los constituyentes de 1853 se decantaron por este sistema ya que consideraron que la libertad de los ciudadanos corría serios peligros si se elegía el sistema democrático, como algunos pretendían. El sistema representativo quiere decir que el pueblo no toma decisiones por sí mismo, sino a través de sus representantes electos, que además no están vinculados por mandato imperativo, de modo que ellos, los representantes, pueden hacer lo que quieran, sin consultar a quienes los han elegido.

Por el contrario, la Constitución de Salta, además de declarar que el sistema político provincial es «republicano y representativo» (obsérvese que no menciona a continuación la palabra «federal», como la Constitución Nacional), dice que la organización política aspira a construir una «democracia participativa y pluralista» (Preámbulo) y que «promueve la democracia social de derecho» (Art. 1º).

Estas declaraciones fundamentales establecen una importante diferencia de calidad con la organización política federal, que no prevé la construcción de una democracia participativa y pluralista o una «democracia social de derecho». Si uno examina el texto de la Constitución nacional vigente se va a dar cuenta inmediatamente de que las palabras "participativa" y "pluralista" no aparecen ni una sola vez en su texto.

En Salta, por el contrario, al gobierno «representativo» se le debe sumar la participación semidirecta y el pluralismo, que están de algún modo desarrollados en los institutos del referéndum, de la iniciativa popular (casi nunca usados en Salta) y de la acción popular de inconstitucionalidad. La participación, pero especialmente el pluralismo, requieren inexorablemente de deliberación pública; pero no solo de los políticos sino también de todos los ciudadanos. Si los ciudadanos no pudiesen deliberar sobre los asuntos que les afectan, entonces no podrían proponer leyes a la Legislatura, como prevé la propia Constitución de Salta.

El valor de la libertad

Cada vez que nos enfrentamos a un tiempo electoral inminente, comprobamos con bastante tristeza y una suerte de impotencia que pequeños grupos con apetitos de poder se encierran para cambiar figuritas y armar las listas electorales, de espaldas al ciudadano. Esta es la mejor forma de comprobar que en Salta se dan todos los elementos, y más, para que se pueda hablar de fatiga electoral.

La fatiga electoral supone la reducción de la libertad; fundamentalmente de la libertad de deliberar y la libertad de elegir.

Tal y como están las cosas, nuestros políticos solo quieren llamar la atención del elector, pero la lucha por la atención mata a la política basada en argumentos y en conocimientos. Por eso, en vez de programas electorales, coherentes y estructurados, en vez de ofertas interesantes, nuestros políticos compiten para ver quién tiene las mejores ocurrencias. Todo, como ya digo, para llamar la atención de los votantes.

Dentro de un año, la democracia salteña va a cumplir cuatro décadas. Si nos comparamos con España, que empezó a adoptar sus primeras normas democráticas en 1977, a sus cuarenta años (esto es en 2017) la democracia española era ya un sistema político maduro; no perfecto, por supuesto, pero bastante útil a los ciudadanos y a sus libertades. De hecho, cuando gobernaron Alfonsín y Menem, la transición española fue un modelo a seguir.

Lo primero que debemos tener en cuenta cuando nos ponemos a pensar en la inmadurez de nuestra democracia, a pesar del tiempo que ha transcurrido, es que la Provincia de Salta, según su Constitución, además de ser una república representativa no federal, es, aunque muchos recelen de este concepto, una democracia liberal, porque así lo establece su Constitución. Ese es el modelo de Constitución que hemos adoptado.

A muchos no les gusta la palabra liberal, pero es que sin libertad no hay organización política que valga; sin libertades y sin garantías para su disfrute, no hay derechos sociales posibles. El filósofo holandés Baruch Spinoza lo dijo con absoluta claridad a finales del siglo XVII: El fin último de la organización de la sociedad es la libertad. Incluso un claro partidario del absolutismo, como lo fue Thomas Hobbes, pensaba que la organización política solo se podía alcanzar en base a la actividad de los hombres libres.

La Constitución de Salta, que data del año 1986, parte -como lo hace la práctica totalidad de las constituciones provinciales argentinas- de la idea de que la libertad es probablemente el único principio de legitimación de las sociedades humanas.

Cualquiera que se interese por el contenido de nuestra Constitución puede ver que las libertades públicas fundamentales ocupan un lugar preeminente, y están reguladas y garantizadas con mucha más precisión y detalle, y antes que los llamados derechos sociales, que también son muy importantes, pero que por estar sujetos a las oscilaciones económicas, tienen una efectividad menor y es más difícil exigir su cumplimiento.

Por eso es que si queremos defender a la política de los excesos y las deformaciones democráticas, si queremos preservar a nuestra democracia para que no perezca por fatiga electoral, si no queremos que la apatía de los ciudadanos conduzca a una relajación de los controles democráticos y a un avance todavía más significativo del autoritarismo, tenemos que trabajar sobre nuestras libertades públicas fundamentales (civiles y políticas), para afirmarlas y perfeccionarlas, y no creer que ellas están a salvo, porque no lo están.

Solo la vigencia de las libertades más fundamentales nos puede abrir la puerta para disfrutar de otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un medio ambiente sano, o los derechos que han nacido (o están por nacer) para protegernos de las consecuencias no queridas de las innovaciones tecnológicas y la globalización.

(*) Este artículo ha sido elaborado en base al contenido de la columna del autor en el programa Luciano Comunica del 24 de octubre de 2022.


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