El alto tribunal salteño, seguramente aburrido por tener que lidiar con tanto recurso de inconstitucionalidad improcedente o quizá cansada de revisar hojas y hojas de voluminosos expedientes en los que termina haciendo un simulacro de juicio, se ha volcado de lleno en la noble actividad de la oferta de «bienes y servicios».
Pero hoy nos vamos a centrar en su moderno sistema de subastas, que ya no solo se limita a vender chucherías producto de algún decomiso en los bajos fondos, sino que ahora —convenio mediante, por supuesto— se ocupa de vender vehículos usados que pertenecieron al Poder Ejecutivo, como si este poder no tuviera forma de venderlos por sí mismo.
Lo curioso no es que la Corte de Justicia se dedique a subastar objetos absolutamente ajenos a la actividad judicial, sino que en su página web oficial promocione la plataforma de subastas del siguiente modo:
El sistema implementado por el Poder Judicial no solo permite la adquisición de bienes a precios competitivos, sino que también promueve la participación ciudadana, contribuyendo a un proceso de venta más democrático y transparente.
¿Precios competitivos? ¿Con quién compite la Corte a la hora de vender autos viejos? Un tribunal que se precie de serio no calificaría de ningún modo los precios que se alcanzan en las subastas. A lo sumo debería recurrir al viejo eslogan televisivo y decir que se trata del «precio justo».
Pero todavía más absurda que esta «promoción marketinera» es la conexión entre una vulgar subasta electrónica y la participación ciudadana, la democracia y la transparencia. Tal parece que a los comunicadores de la Corte se le quedó en el portapapeles un párrafo de la promoción del voto electrónico.
Para empezar, la Corte de Justicia de Salta no admite en modo alguno la participación ciudadana en ninguna de sus decisiones; ni siquiera en las electorales.
En segundo lugar, la Corte de Justicia de Salta no es democrática, en el sentido de que sus decisiones nunca son adoptadas por «la mayoría del pueblo», sino por unos señores y señoras que han sido designados sin haber superado ninguna prueba de idoneidad.
Y, en tercer lugar, la Corte de Justicia no es transparente, desde el momento en que desde hace más de diez años viene ocultando sistemáticamente cuánto cobran de sueldo sus integrantes.
Por último, vincular la participación democrática ciudadana con el consumo es una de las peores crueldades del neoconservadurismo.
Nadie es ciudadano por lo que consume o por la forma en que consume. Solo a la Corte de Justicia de Salta se le puede ocurrir una cosa como esta.
