Paralelamente, otros entusiastas de la ampliación sostienen que la Corte Suprema debe tener una ”composición federal”, lo que llevaría a sostener que los jueces del máximo tribunal de justicia nacional deben representar a las autonomías provinciales.
Comenzaremos por el segundo argumento, que dice que las provincias deben estar representadas en el tribunal para que se pueda hablar de un órgano auténticamente federal.
Es realmente extraño que un argumento de este calibre sea esgrimido por alguien que desempeña el cargo de senador nacional. Decir que el aumento del número de jueces de la Corte Suprema obrará el milagro de federalizar el tribunal comporta ignorar el rol que le asigna la Constitución Nacional al Senado federal en el proceso de designación de los jueces.
Como es de sobra conocido, el artículo 99.4 de la Constitución nacional establece que el Presidente de la Nación nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.
Si tenemos en cuenta que el Senado nacional, a diferencia de la Cámara de Diputados, está conformado por tres representantes de los estados federados (las provincias y la Capital Federal), con independencia de su población o de su extensión territorial, predicar que el actual sistema de designación no es federal, porque las provincias han sido preteridas, comporta una falacia mayor. Sostener una cosa así es lo más parecido a escupir hacia arriba.
De todos los creados por nuestra Constitución, seguramente el Senado es el órgano federal y de representación territorial más equilibrado. Los senadores nacionales representan a las autonomías provinciales y no al pueblo que habita en sus territorios, ni a los partidos que los eligen. Por tanto, no se puede culpar a la Corte Suprema de déficit de federalismo sin al mismo tiempo acusar al Senado de la Nación de ser un órgano centralista, antidemocrático e ineficiente.
En pocas palabras: si los senadores creen que la Corte Suprema no es federal, bien harían en prestar (o denegar) sus acuerdos con criterios de equidad territorial, ante de andar aumentando caprichosamente el número de jueces.
Tres cuartos de lo mismo sucede con la reivindicación de una Corte democrática y representativa.
Lo que se nos está diciendo no es que el tribunal deba servir mejor al sistema democrático, sino que debe servir a la mayoría gubernamental, coincidiendo con ella, y esto es sumamente peligroso.
Desde esta forma de entender las cosas, una Corte conformada por opositores es percibida como un tribunal antidemocrático y es este, y no otro, el principal defecto que, a juicio de políticos como Leavy, se debería corregir.
Un tribunal de justicia, aun aquel que ejerce funciones de control de la constitucionalidad de las leyes, no puede tener jamás una conformación democrática, por cuanto su misión no es la de honrar el principio mayoritario y dar la razón al mayor número, sino resolver las controversias con arreglo a lo que establecen la Constitución y las leyes. Es la elaboración democrática de estas normas la que asegura que el tribunal ha de tomar decisiones justas y ajustadas a Derecho.
Volvemos a lo mismo: decir que la Corte Suprema actual no es democrática equivale a decir que las normas que emanan de las asambleas populares (dominadas por las mayorías) no tienen ni forma ni contenido democráticos. Y esto es otra falacia.
Por tanto, si el senador Leavy quiere convencernos de que es necesario ampliar a 15 el número de magistrados de la Corte Suprema, debería empezar por dejar de lado argumentos tan peregrinos como el de la federalización o el de la democratización del tribunal, porque tales argumentos no hacen otra cosa que desmerecer -y mucho- el papel que en todos estos procesos juega el Poder Legislativo. Si un senador no se respeta a sí mismo y duda del buen hacer del cuerpo que integra, lo mejor que puede hacer es renunciar a su escaño y dedicarse a otras actividades algo más democráticas y federales.
Hay cientos de argumentos presentables para justificar un aumento del número de miembros de la Corte, aunque el mejor de ellos no conseguirá despejar la sospecha de que detrás de esta maniobra kirchnerista se oculta el siniestro propósito de que una Corte a 15 pueda poner fin, mediante una absolución programada, a las causas penales que involucran a la señora Vicepresidente de la Nación.
