El diputado José Miguel Gauffin y la 'chatura' del trabajo legislativo

Sin embargo, en Salta, la legislación atraviesa uno de sus peores momentos por causas endógenas, que los salteños no nos hemos detenido casi nunca a explorar o a reflexionar como debiéramos.

Es muy frecuente que las críticas al Poder Legislativo se elaboren y se pronuncien fuera de él. Son los ciudadanos comunes, y, a veces, las organizaciones libres de la sociedad civil (un puñado de ellas, para mejor decir), los principales críticos de la labor de las cámaras de representantes. Pero ya es menos frecuente que la insustancialidad del Poder Legislativo sea denunciada desde dentro, y con sólidos fundamentos, por uno de los suyos.

Es el caso —muy honroso, por cierto— del diputado provincial salteño don José Miguel Gauffin, que desde hace tiempo viene insistiendo en que las dos cámaras de nuestra Legislatura no solo están lastradas por su protagonismo marginal en la vida política de Salta, sino también que sus procesos y sus productos están afectados de una preocupante «chatura».

Leer las declaraciones del diputado Gauffin en este sentido no solo me ha provocado esa efímera sensación de satisfacción por la coincidencia de opiniones, sino ha hecho que me formule la siguiente pregunta: ¿Qué es más grave? ¿Que la «chatura» sea producto de la baja densidad política y la dispersión intelectual de los legisladores, o que sea de algún modo «inducida» por otros poderes del Estado, y aun, por los propios legisladores?

Podría entender (y perdonar, tal vez) la existencia de una legislatura plana e inútil por la falta de capacidad de quienes la integran. La representación no siempre lleva aparejada la idoneidad. No debería.

Pero de ningún modo podría entender (y mucho menos, perdonar) que esa «chatura» se deba a un cálculo político de tiralíneas, habiendo —como hay— un grupo de legisladores perfectamente capaces de mejorar sustantivamente la calidad de sus productos. La representación obliga al representante a usar de toda su potencia.

El retroceso legislativo

Uno de los principales problemas que yo atisbo a la distancia es que nuestra democracia «participativa y popular» se ha ido convirtiendo, paulatinamente, en una «democracia elitista», en la que el electo por el voto popular (cualquiera sea su cualificación técnica y su influencia política) es un actor de segunda línea en materia de legislación, un tipo sospechoso de ser bruto e iletrado, y que por tanto merece ser desplazado de su lugar preeminente. En el caso de Salta, este desdén sospechoso ha promovido el impresentable activismo de la Corte de Justicia, pero no en materia judicial, sino en materia legislativa.

A la pregunta de «¿Quién entiende de leyes en Salta?», más de uno responderá: «¡Los jueces de la Corte de Justicia, por supuesto!».

Muchos, por tanto, verán como «natural» que sean estos nueve señores, a quien nadie ha votado, los que elaboren los proyectos de las leyes más importantes que están relacionadas con nuestras libertades. Frente a la insolente «superioridad técnica» de los expertos en leyes, nuestros legisladores no pueden hacer otra cosa, al parecer, que limitarse a votar a libro cerrado esas enjundiosas «iniciativas legislativas» de la Corte, que muchas veces tienen más defectos y errores de los que cualquiera podría llegar a suponer.

En Salta, como en otras partes del país y del mundo, nuestra Corte de Justicia ejerce en última instancia el control difuso de constitucionalidad de las leyes y de otras normas de rango inferior. Desde este punto de vista, su papel —como el de cualquier tribunal constitucional— es el de un legislador negativo, al decir de don Hans Kelsen.

Pero si uno pone en una columna las decisiones «constitucionales» de la Corte y en la columna de al lado sus «iniciativas legislativas», comprobará inmediatamente que el activismo del tribunal como legislador positivo supera por amplias distancias al del legislador negativo. Con la complicidad de la «chatura» legislativa, no solo hemos vuelto a matar a Kelsen, sino que hemos convertido a la Corte (elitista y opaca) en el supremo e indisputable rector de nuestra convivencia.

Y esta es una espiral que se realimenta continuamente, pues mientras más leyes la Corte consigue que la Legislatura le sancione, más se reduce la cantidad de normas que van a ser declaradas «inconstitucionales», pues se podría decir que las leyes que propone la Corte son «sin pecado concebidas». Traen, por así decirlo, un «sello de constitucionalidad» de fábrica.

Representantividad y unicameralidad

Sabe el diputado Gauffin que coincido con él en su apreciación de la bicameralidad como inútil y potencialmente entorpecedora del proceso democrático. Pero tengo que añadir —ya lo he hecho varias veces— que no debemos pensar en una cámara de 80 representantes sino en una de por lo menos el doble.

Un mayor número de representantes investidos de la potestad de legislar nos permitirá ampliar la representación a otros sectores sociales, políticos y territoriales, pero a condición de que la base de la representación sea enteramente diferente a la actual. Es decir, abandonar el «departamento» como circuito electoral para conformar circunscripciones mayores o, incluso, una circunscripción única.

Todo esto mejoraría sin dudas al Poder Legislativo, pero, a mi juicio, no solucionaría automáticamente el problema de la «chatura». Es necesario dar una batalla, primero por recuperar la capacidad política y la independencia funcional de nuestros representantes, y después por evitar el activismo normativo de jueces y gobernantes, que hasta aquí solo ha hecho que nuestra democracia pierda aceleradamente sus (escasos) componentes auténticamente «populares», en beneficio de un elitismo que solo sería tolerable si no se ejerciera en beneficio de parcialidades muy minoritarias y con abierto desprecio del interés general.