El salteño —que había llegado a España solo unos meses después de la muerte de Franco— vivió aquí los convulsos años de la transición. Lo hizo como exiliado perseguido por la última dictadura militar argentina, lo que de algún modo le permitió desarrollar un olfato muy fino para identificar por las solapas a los regímenes autoritarios y liberticidas.
En 1982, solo un par de meses antes de que los socialistas, con Felipe González y Alfonso Guerra formando un tándem de lujo, arrasaran en las elecciones generales que se celebraron en octubre de aquel año, el salteño regresaba a la Argentina. Se perdió todo lo demás, pues nunca más volvió. Evidentemente, siguió muy interesado en la fulgurante evolución del país que había acogido durante seis años.
A mí, en cambio, me tocó en suerte ver la transición ya finalizada. Fue como sentarme en el cine solo unos minutos antes de que terminase la película.
En el verano europeo de 1989, cuando puse por primera vez los pies aquí, España era ya un país diferente. Madrid era una ciudad deslumbrante, abierta y cosmopolita, y el socialismo democrático —restaurador de las libertades cívicas y deconstructor del franquismo— comenzaba a alejarse con cierta dificultad de sus orígenes ideológicos. Impulsaba a aquellos valientes socialistas el propósito de poner en práctica los profundos cambios en su orientación política acordados en el famoso Congreso de Suresnes, celebrado en 1974, cuando muchos de los militantes de izquierda todavía habitaban las catacumbas y debían celebrar sus cónclaves en el extranjero.
Aquel verano, y gracias a mi querido amigo Rolo Fortuny, por primera vez visité Andalucía «una tierra socialista como pocas», según me previno entonces mi amigo. Gobernaba la autonomía don José María Rodríguez de la Borbolla, un socialista que al poco tiempo —tras una batalla perdida contra Alfonso Guerra, entonces todopoderoso vicepresidente del Gobierno Español— fue sustituido por Manuel Chaves González, a quien yo había conocido personalmente en Buenos Aires en 1988, y fue, hasta 1990, el Ministro de Trabajo de Felipe González, y jefe directo de un pariente mío, que trabajaba con él, a dos pasos de su oficina.
Como bien lo había advertido Fortuny, los socialistas ganaban las elecciones andaluzas sin apenas despeinarse y con mayorías aplastantes. Se impusieron allí durante casi 40 años seguidos. Hasta que las cosas empezaron a cambiar.
Sucedió en 2012 que, en las elecciones de marzo de aquel año, el Partido Popular obtuvo un número de votos y de escaños ligeramente superior al PSOE, pero el candidato popular Javier Arenas no pudo gobernar, ya que los socialistas, aliados con Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, consiguieron investir como presidente de la Junta a José Antonio Griñán, quien curiosamente también había sido Ministro de Trabajo del gobierno central, como lo fueron —obviamente, en gobiernos de diferente signo— Manuel Chaves y Javier Arenas.
Por fin, en enero de 2019 es el popular Juan Manuel Moreno Bonilla quien consigue ser investido presidente, con el apoyo de Ciudadanos y de Vox. Tres años más tarde, en abril de 2022, Moreno Bonilla consigue una histórica mayoría absoluta para el Partido Popular y desde entonces gobierna sin necesitar los votos de la extrema derecha. No obstante, la situación ha cambiado en las últimas elecciones del pasado 17 de mayo, pues el mismo Moreno Bonilla no ha podido revalidar su mayoría absoluta y su investidura depende ahora del auxilio de Vox.
A pesar de este retroceso del PP en la región, el domingo pasado el PSOE obtuvo en Andalucía el peor resultado que se recuerde en la historia reciente. Como dijo aquel salteño en su post, Andalucía, que había sido la cuna del renacimiento del Partido Socialista y democrático en España, de la mano de Felipe González (recordar la famosa foto de la tortilla de patatas), se convertía en «la tumba cavada por sus herederos corruptos».
A pesar de no haber asistido de cuerpo presente al declive el socialismo democrático español, quizá por su experiencia durante los años de la transición, quizá por su sagacidad, o por ambas cosas, el salteño al que me refiero se ha dado cuenta, desde allí, que todo se ha ido al garete aquí desde que lo que él llama los «herederos corruptos» de Felipe González se hicieron con el control del partido y abandonaron calculadamente la línea de Suresnes para abrazar el llamado «socialismo del siglo XXI», en la peor de sus formulaciones posibles: la del chavismo.
La verdad es que no creo que ni el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), ni el actual, Pedro Sánchez, sean «okupas» del PSOE. Creo, en cambio, que el partido ha cambiado dentro de la legalidad y de un modo aparentemente legítimo. Sin tanto aspaviento, sin exilio y sin intelectuales en el horizonte, el socialismo español ha abandonado Suresnes y se ha instalado en Sabaneta. Si antes eran la socialdemocracia alemana y la escandinava las que marcaban el ritmo del socialismo nacional (el espejo en el que se miraban los del PSOE en los años 80), hoy —y desde hace un tiempo ya— es el bolivarianismo el que señala el rumbo y el lugar en el mundo para un PSOE que ha llegado, incluso, a perder sus referencias europeas (excepto probablemente Greta Thunberg, que, a decir verdad, bien lejos está de Olof Palme).
Pero el PSOE no ha sido el único que ha sucumbido a los cantos de sirena del chavismo, porque —más a fuerza de petrodólares que de convicciones ideológicas— ha llegado a confundir también a la izquierda francesa (la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon), tal como un poco antes lo había hecho con el laborismo de Lula da Silva, el indigenismo de Evo Morales y el pseudoperonismo del matrimonio Kirchner.
Los «nuevos socialistas», que llegaron para «cambiar al mundo», muy rápidamente se darían cuenta de que era mucho más fácil y más rentable «cambiarse a ellos mismos». Es sorprendente —al menos para mí— saber que los escándalos de corrupción que han terminado retratando a unos y otros se parecen estrechamente entre países muy diferentes y que, llamativamente, todos tienen de algún modo atravesada la infuencia —para mí destructiva— del régimen venezolano.
Con los pelos de punta veo en las pantallas el registro policial de las oficinas de la empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero e inmediatamente se me viene a la memoria la imagen de los multimillonarios hijos de Cristina Fernández de Kirchner. No sé por qué.
Sorprendente también es, por supuesto, el hecho de que el chavismo haya aflojado en varios países de la América hispana —incluso en la propia Venezuela (Donald Trump mediante)— y aún se mantenga vivo en Europa. A esto no lo hubiese soñado ni el propio Hugo Chávez, pero probablemente sí el expresidente Zapatero.
Imputado
A José Luis Rodríguez Zapatero, que solo tiene un par de años menos que yo (65) y que forma parte de esos socialistas castellano-leoneses sosos y aburridos que yo he llegado a conocer y con los que he trabajado durante un tiempo, un juez de la Audiencia Nacional lo investiga formalmente desde el pasado martes por tres delitos: pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. En América esto puede sonar hasta normal, pero en España es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno es imputado en los tribunales de justicia. Un acontecimiento realmente grave para el país, mucho más grave, quizá, que el encarcelamiento de Nicolas Sarkozy para los franceses.A Zapatero —asesor del presidente Pedro Sánchez y miembro nato del Consejo de Estado, un órgano que en 2026 ha cumplido 500 años— se le acusa de haber utilizado su influencia política y sus contactos en el Gobierno para conseguir que la empresa aérea Plus Ultra, participada por capitales venezolanos, pudiera acceder a un rescate de 53 millones de euros que, a la postre, serían satisfechos con fondos públicos españoles en 2021.
En octubre de 2024, la Fiscalía Anticorrupción española formuló una denuncia en la que afirmaba que los fondos públicos destinados al rescate se emplearon realmente para saldar préstamos canalizados hacia cuentas extranjeras pertenecientes a una supuesta organización vinculada al blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.
El asunto está, lógicamente, en manos de un juez, pero mientras se tramita el procedimiento (Zapatero está citado para declarar el próximo 2 de junio) comienzan a conocerse detalles de las actividades políticas del expresidente en relación con el sostenimiento internacional del régimen venezolano de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Unas actividades que —se sospecha ahora— no se han llevado a cabo solamente por simpatía o afinidad ideológica.
Creo que los salteños me permitirán esta digresión: Por una operación de 53 millones de euros hay un expresidente imputado y un país entero en shock. En Salta, un Gobernador contrajo un préstamo de más de 200 millones de dólares (casi cuatro veces más), sin que, aun varios años después, se sepa el destino cierto de esa cantidad de dinero. Pero los salteños siguen como si nada. Los tribunales se la pasan pipa encerrando a ladrones de ganado y pequeños perejiles y el resto hace lo propio mirando cómo el sol se levanta detrás del Cerro San Bernardo.
Volviendo a España, sin dudas que el PSOE ha acusado el golpe. Entre otros motivos porque llueve sobre mojado. El Tribunal Supremo está a punto de pronunciar su sentencia en el sonado caso de corrupción por comisiones ilegales en la contratación de la obra pública que tiene en el banquillo de los acusados a un exministro del Gobierno socialista y exsecretatio de organización del partido (José Luis Ábalos) y a un asesor de este (Koldo García). Por otro lado, un juez de instrucción de Madrid ha solicitado la apertura de juicio oral (y juicio por jurados) contra la esposa del Presidente, señora Begoña Gómez, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
Lo bueno de todo esto —si es que hay algo bueno— es que, con 84 años, Felipe González no se calla y, aun retirado de la primera línea de la política, se muestra especialmente crítico con el Gobierno y con el partido, al que todavía pertenece. Desde hace años, González mantiene una posición diametralmente opuesta a la de Zapatero en relación con el régimen venezolano y afirma su prestigio no solo en su brillante pasado, sino en un presente caracterizado por la claridad mental y por ser uno de los pocos socialistas españoles que no ha salido disparado a hacerse la foto con Cristina Fernández de Kirchner en El Calafate.
El PSOE de Sánchez no se anima a expulsar ni a González ni a Guerra, como lo ha hecho con otros socialistas históricos como Nicolás Redondo Terreros (expresidente del PSE-EE-PSOE en Vizcaya) o Joaquín Leguina (expresidente de la Comunidad de Madrid ente 1983 y 1995, y expresidente de la Federación Socialista Madrileña), hoy abiertamente sumado al gobierno derechista de Isabel Díaz Ayuso, en Madrid.
Pero mientras los socialistas del presidente Sánchez acusan a Felipe González de haberse pasado a la derecha y lo denuestan por ser «viejo» y «retrógrado» (mientras se llenan la boca hablando en contra del edadismo), la derecha, en sus diferentes versiones, sigue ganando espacios y gobernando en las autonomías. Quizá lo peor de todo esto es que uno de los pocos presidentes autonómicos socialistas que quedan —el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page— es un feroz crítico del presidente Sánchez y de los apoyos que recibe su Gobierno de los independentistas catalanes, los nacionalistas vascos y el partido Bildu, conformado por lo que quedó de la banda terrorista ETA (un partido, por cierto, con el que Sánchez juró que «jamás» iba a pactar).
En suma, no le falta razón al salteño que comparó la profunda descomposición del Partido Socialista Obrero Español con la destrucción programada del peronismo argentino a manos de los Kirchner. Pienso que la corrupción económica, las comisiones, los retornos y los «favores» no son nada (o casi nada) si los comparamos con la enorme dimensión moral y política de una operación milimétricamente calculada para poner, a dos fuerzas que la historia ha demostrado que son perfectamente capaces de transformar las sociedades en las que se insertan, al servicio de apetitos e intereses personales.
