Por razones vinculadas a su complicada geografía, pero también a intereses políticos y falta de altura de miras, la solidaridad interterritorial en Salta se encuentra seriamente fracturada.
No hay normas claras en materia de relación entre territorios y, por no haberlas, la vida de poblaciones enteras depende hoy de «gestos» y de caricias al ánimo decaído de los que menos posibilidades tienen de prosperar.
En mi libro de 2018, «Elementos para una reforma política en la Provincia de Salta», dejé sin desarrollar -fundamentalmente por razones de tiempo, pero también por falta de conocimientos adecuados- el capítulo de la reforma territorial.
A casi cuatro años de aquellas reflexiones, pienso que va siendo hora de que nos planteemos seriamente reformar, en la Constitución provincial, las normas que rigen esta parcela tan fundamental de nuestra convivencia; precisamente para introducir, al más alto nivel normativo, los mecanismos de solidaridad entre territorios que hoy se echan en falta y que, con suerte, dependen de las oscilaciones de la política.
La descentralización territorial es un camino y una guía. Pero el refuerzo de la autonomía de los territorios no debe suponer en ningún caso dejar librados a su suerte a ninguno de ellos. Debemos hallar la manera en que nuestras normas fundamentales recojan, no como una declaración lírica sino como un principio firme y estructurado del Estado el permanente auxilio entre territorios.
Desde luego, la autonomía requiere como contrapartida la responsabilidad. A ningún territorio se le puede ayudar eficientemente si quienes deben administrar sus recursos se muestran dispersos o irresponsables, si practican el clientelismo o llevan sus cuentas en la libreta del carnicero.
Tampoco habrá solidaridad interterritorial posible con un diseño administrativo de 23 departamentos y 60 municipios. Debemos darnos cuenta de una vez de ello. Salta debe regionalizarse, y de la forma más urgente y racional que sea posible, intentado conformar unidades territoriales homogéneas, para facilitar su gobernabilidad.
Son las regiones provinciales las que deben asumir el liderazgo en materia de diseño y planificación de las obras de infraestructura local. El gobierno provincial debe encargarse, por tanto, solo de aquellas obras que sean necesarias e imprescindibles para asegurar la cohesión del territorio provincial y la igualdad de los salteños, cualquiera sea el lugar en el que viven.
Salta ha avanzado algo con la instauración de consorcios entre diferentes municipios para gestionar algunos servicios menores (como el pavimento de las calles o la basura), pero se requiere más ambición y una voluntad decidida para acometer las reformas normativas que sean necesarias.
Estas reformas solo pueden salir adelante si previamente se han alcanzado acuerdos políticos. Muchos de estos acuerdos requerirán que los municipios cedan competencias y que también lo haga el Estado provincial en beneficio de las nuevas unidades territoriales. Estoy convencido de que con un buen diseño competencial, algunos servicios públicos como la salud o la educación obligatoria podrían ser mucho mejor gestionados a nivel regional.
Aunque sé que a muchos salteños no les gustan las comparaciones (y alguna razón les hallo), pienso que si cada región tuviera -como sucede en otros países- su propio sistema educativo, su propia red de escuelas, su propio sistema de formación de maestros (por no hablar de una fiscalidad propia, orientada a favorecer la equidad y la competitividad) cada una de ellas podría competir (sin rivalizar) con las demás en eficiencia. Lo mismo puede suceder con los hospitales.
Podría Salta, incluso, superar sus problemas de abastecimiento y distribución de energía y de agua potable, si se consiguiera avanzar en esta regionalización que propongo.
Para alcanzar objetivos como estos, se debe responsabilizar a las comunidades locales, desalentar esa permanente inclinación a la dependencia de otros territorios y desterrar la queja sistemática como herramienta de «visibilización» y corrección del sistema «on the fly».
Todo ello, sin contar, por supuesto, con que las nuevas regiones (que podrían ser entre tres y cinco) constituirían la base del futuro sistema electoral, para evitar lo que está sucediendo ahora (sucede desde hace mucho tiempo) y que todos denuncian: el diferente valor del voto de ciudadanos residentes en localidades de pequeños departamentos en relación con el valor del voto de quienes residen en las ciudades más pobladas.
Cada región debería tener un presidente, un parlamento breve y al menos un tribunal. El coste económico de estas instituciones es mucho menor de lo que se supone, y desde luego se podría tranquilamente pagar si en vez de hinchar permanentemente la planta de empleados municipales (en su mayoría improductivos) dedicásemos una parte de los recursos disponibles a apuntalar instituciones básicas, que reforzarían nuestra democracia y nos permitirían tomar decisiones de una forma más rápida y, sobre todo, más equitativa.
