Se trata de una situación que no por ser habitual deja de ser –al menos para mí– incomprensible.
En efecto, el gobierno negocia e intenta pactar con sindicatos muy diversos (en representatividad, en experiencia, en calidad organizativa y en capacidad de presión) un acuerdo único, centralizado, que, si bien tiene «cláusulas» o «anexos» sectoriales (la mayoría de ellos ininteligibles), negocia con todos y espera que todos lo firmen sin rechistar.
Me parece un error, aunque hasta aquí al gobierno le haya dado algún resultado.
Yo creo que debería haber una mesa general de negociación en el ámbito de la Administración pública provincial y otra mesa de las mismas características en el ámbito de las administraciones locales (los municipios).
Por debajo de esta mesa general –que deberá tener sus materias, cometidos y contenidos específicos– el sistema debe prever necesariamente la existencia de mesas sectoriales, que atiendan a las condiciones específicas de trabajo de las organización administrativas afectadas, o a las características propias de los sectores concretos y al número de empleados que trabajan en cada uno de estos sectores.
En mi opinión, las mesas sectoriales (que hoy por hoy no existen en la negociación colectiva salteña) deben ocuparse de las condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de un sector determinado (por ejemplo sanidad, seguridad o educación) que no hayan sido objeto de decisión por parte de la mesa general, o de aquellos temas que esta explícitamente les autorice a negociar por reenvío o delegación.
Si el gobierno quiere mantener el control de la negociación (como parece que es su deseo), las mesas sectoriales deben necesariamente funcionar dentro de un sistema de articulación (y conste que uso esta palabra en el sentido más preciso que tiene dentro de un sistema de negociación colectiva de varios niveles) y otro de coordinación con los acuerdos de la mesa general y las pautas comunes establecidas por esta.
Nada de esto existe en Salta, donde nos enfrentamos a un totum revolutum que conduce invariablemente a que los sindicatos que por un motivo u otro no suscriben el acuerdo único no tengan a donde descolgarse y que no les quede otra salida más que la tensión, el enfrentamiento y la huelga.
El gobierno provincial parece no comprender (y lo comprenden menos aún los sindicatos) que la Administración del Estado es un artefacto cada vez más complejo, plural y delicado que no se aviene demasiado bien con un modelo de negociación colectiva ultracentralizado y con soluciones del tipo «café para todos».
Cada sector de la Administración tiene sus particularidades y su forma de funcionar. Y si bien la productividad de los empleados públicos no se puede medir exactamente igual que la de un obrero industrial, hay formas de hacerlo. El avance de la inflación no siempre justifica que trabajadores que pertenecen a sectores con muy diferentes niveles de productividad y eficiencia tengan el mismo porcentaje de aumento.
En la negociación colectiva, la productividad desempeña un doble papel. Por un lado es «input» (una variable más que en las negociaciones sobre aumentos salariales, junto con la inflación pronosticada y otros indicadores de la evolución económica y financiera) y, por el otro es «output», ya que la propia negociación puede jugar un importante papel en el aumento de la productividad laboral a través de una serie de mecanismos, como el salario basado en el rendimiento, las formas flexibles de organización del trabajo, el énfasis en las habilidades y la flexibilidad funcional.
No solo sería deseable que en Salta se midiera la productividad global de la Administración y la de cada una de sus partes, sino que se adoptara legalmente una definición de productividad (especial rendimiento, actividad extrordinaria, interés e iniciativa) y se estableciera objetivamente la forma de apreciarla.
Pienso que debería haber formas objetivas de valorar la productividad de un hospital, de una comisaría, de una escuela, o, incluso, de todo un sector de actividad administrativa. Pero una evaluación económica seria y rigurosa y no las apreciaciones subjetivas y sesgadas de directoras de escuela, comisarios, gerentes de hospital o jefes de personal, muchas veces motivadas por celos y enconos personales.
Es en base a esta productividad que se deberían negociar los incrementos en los diferentes sectores, siempre observando los criterios (o dentro de la «banda») definidos en la negociación general.
El gobierno de Salta debería abandonar la estrategia del acuerdo único (con matices sectoriales, que por otra parte son inevitables) y diseñar –con participación de los sindicatos– un sistema de negociación flexible que arroje como «productos» una pluralidad de acuerdos diferentes con diferentes niveles de articulación, siguiendo las pautas generales del acuerdo de ámbito mayor, pero dejando espacio a las unidades inferiores para que puedan adaptar los salarios y condiciones de trabajo a las condiciones específicas de cada sector, respetando en cualquier caso la política de rentas del gobierno, la disciplina fiscal y las medidas antiinflacionarias.
Creo, en consecuencia, que la descentralización de la negociación colectiva en varios niveles y la articulación entre estos es lo que va a impedir en el futuro que los acuerdos generales sean repudiados por algunos sindicatos y que el gobierno (y los ciudadanos) tengan que soportar la interrupción de servicios públicos como la educación.
