Ningún ciudadano debería tolerar que frente a la trangresión de la legalidad por parte de uno solo de su miembros, el Concejo Deliberante, a coro, responda con una transgresión de la legalidad aún más grave. Si las reacciones políticas no están amparadas en la ley (una ley anterior, abstracta, objetiva e impersonal), más que ejercitar la «política», lo que se está poniendo en acción es el poder salvaje.
Convendría recordarle a los concejales salteños que la fase más importante del sometimiento del supremo poder (de la «política») al derecho es el constitucionalismo, que ha cambiado de raíz la naturaleza de la relación entre el Derecho y la política.
Resulta paradójico, pues, que en el Municipio de Salta se haya votado y elegido a los miembros de una convención para reformar una Carta Municipal que rige desde hace 37 años, y que al mismo tiempo los concejales actuales (los encargados de hacer las normas) propongan abolir la Carta vigente, abjuren del constitucionalismo y se empecinen en rechazar una renuncia que no pueden ni siquiera entrar a considerar y en someter a juicio político a quien no puede ser destituido.
La tesis de que «todo lo que no está prohibido en la ley está permitido» rige solamente para las relaciones entre los ciudadanos y entre estos y el Estado. Los poderes y atribuciones de las instituciones están cuidadosamente tasados y en ningún caso pueden ser objeto de extensiones interpretativas.
Si la Carta Municipal va a ser luego un juguete en manos de los poderes constituidos, ¿qué sentido tiene ponernos a redactar una nueva? Bastaría con que el Concejo Deliberante o el Intendente de turno adaptara la que ya existe a sus necesidades y apetitos coyunturales, en nombre de la «política», lo que en este caso equivale a decir en nombre del poder salvaje.
Para decirlo un poco más claro: el ciudadano debería reaccionar con más energía frente a la manipulación colectiva de la Carta Municipal que frente a los desvíos morales de un miembro individual del Concejo Deliberante, sobre todo cuando estos desvíos se encuentran ya en manos de la justicia y a la espera de una decisión.
La omnipotencia de la mayoría no garantiza la calidad de un sistema político ni tampoco la supervivencia de la democracia. La política no tiene el poder de hacer cualquier cosa.
La lucha por el Derecho es el combate por la afirmación del Derecho como sistema de límites y de vínculos, como base de la igualdad y condición de la convivencia pacífica. La deshonrosa subordinación del Derecho a la «voluntad política» que intentan los concejales salteños constituye el principio del fin de la democracia, es la tumba de la igualdad y el germen de la discordia y el enfrentamiento.
Les basta a los concejales de la Municipalidad de Salta con votar una declaración de condena e, incluso, con declarar persona non grata al concejal renunciado, si lo que quieren es poner de manifiesto su postura corporativa en relación con los asuntos que motivaron la renuncia. Y si lo desean, pueden dar amparo o expresar solidaridad a la presunta víctima del concejal transgresor.
Lo que no pueden es violar la Carta Municipal, solo por el ánimo revanchista de algunos, disfrazado de supremacía moral.
