En los Estados Unidos —el país federal más poderoso del mundo y uno de los más extensos— el ingreso per capita de los habitantes de Massachussets duplica al de los que viven en Mississippi. Las infraestructuras, que son abundantes y eficientes en Nevada, no lo son de ningún modo en Arkansas.
Las diferencias de desarrollo entre Cataluña o el País Vasco y Extremadura también son significativas y muy conocidas.
Por tanto, reclamar que el Estado central invierta más y acometa más obras en las regiones deprimidas o atrasadas, muy poco tiene que ver con el federalismo. Dicho en otras palabras, que no se trata de lograr la «igualdad» de todos los territorios (objetivo poco realista), sino de reducir significativamente los agravios comparativos entre unas regiones y otras.
Las políticas encaminadas en esta dirección están si acaso más relacionadas con un elemental imperativo de justicia territorial, que nace del principio de igualdad entre los ciudadanos de un mismo país.
Además de esto, hay algo muy obvio: mantener regiones pobres y desasistidas es mucho más caro y políticamente más riesgoso que invertir en su desarrollo a corto plazo. La cohesión territorial evita, entre otras externalidades negativas, el coste económico de la gestión de los conflictos y la deficiente gobernabilidad.
La razón de Sáenz
Aunque se ha envuelto en la bandera «federal», el gobernador Gustavo Sáenz reclama lo que a Salta por derecho pertenece.Pero este derecho no nace solo del hecho —obvio, por demás— de que Salta forma parte del país; o porque sea una entidad territorial federada. Nace y se justifica porque el esfuerzo de los salteños apuntala desde hace más de dos siglos la unidad del país.
Por tanto, es de justicia que el Estado central se ocupe de invertir en Salta en aquellas áreas que le competen, como por ejemplo las infraestructuras que aseguran la comunicación del país, por tierra, agua y aire. Y, desde luego, que cumpla con las obligaciones financieras que nacen de la percepción de impuestos directos e indirectos en territorio salteño y están prolijamente previstas y detalladas en normas legales.
Por supuesto que el Estado central puede convocar a la mayor productividad de los salteños, pero aunque los salteños fuésemos los más productivos y laboriosos del mundo, nada de esto obraría el prodigio de anular las obligaciones que el Estado central tiene para con la Provincia de Salta.
Una mayor productividad y el crecimiento del producto doméstico solo podría convertirnos en contribuyentes netos a las arcas de la federación, pero no borrar las obligaciones de los demás hacia nosotros, como por ejemplo las que tienen que ver con el desarrollo de las carreteras, la conectividad de datos o el transporte ferroviario o aéreo.
Dicho en otros términos, que aunque nos volviéramos ricos de golpe, el Estado central deberá seguir atendiendo las obras públicas de su competencia en territorio salteño y cumpliendo a rajatabla con sus compromisos financieros.
