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  • El gran reemplazo
  • La desgraciada revelación de que un diputado nacional por Salta lideraba una especie de asociación ilícita cuyo objetivo era combatir a sus opositores mediante la difusión en las redes sociales de mentiras, insultos y calumnias, cuidadosamente diseñadas, ha puesto sobre la mesa uno de los problemas más graves y acuciantes de nuestra democracia: el de la acelerada sustitución de periodistas por agitadores digitales.
Imagen ilustrativa
Imagen ilustrativa

Lo que es más grave todavía es que los agitadores no son solamente improvisados o espontáneos pagados para inundar las redes sociales de contenidos falaces y de baja calidad: en una importante cantidad de casos los agitadores son periodistas que han estudiado una carrera y que por algún motivo han abdicado de su compromiso con la verdad, para librar una especie de «guerra cultural».



Muchos comunicadores con micrófono, cámaras y redes sociales utilizan a diario su oficio y sus medios para chantajear con descalificaciones, insultos y amenazas a quienes no les caen simpáticos; incluidos a muchos de sus colegas. Su trabajo (si es que se le puede llamar de este modo) ha logrado transformar de raíz el ecosistema informativo salteño, convirtiéndolo en un lugar sospechoso, inseguro, desagradable y peligroso.

Pagados o no, hay profesionales en Salta que priorizan la tarea de hacer oposición política (sea al gobierno o a los opositores al gobierno) sobre la objetividad, la racionalidad y la veracidad, que forman parte de la esencia misma de su oficio.

Los perjudicados por esta actividad innoble no son solamente los difamados, los insultados o los discriminados. Víctimas de la pérdida de la calidad de comunicación y de la calculada falsedad de los contenidos son también los ciudadanos que intentan enterarse de lo que pasa en la esfera pública y no consiguen acceder a información veraz, independiente, no tendenciosa y contrastada.

Los primeros llamados a corregir esta situación son los propios periodistas, que bajo ningún concepto deben permitir ni tolerar el instrusismo profesional de quienes no lo son, ni la deriva «militante» de algunos de sus colegas.

En un segundo nivel de responsabilidad se encuentran las autoridades del gobierno que no pueden dar a unos y otros el mismo tratamiento, ni en ruedas de prensa ni en la asignación de publicidad oficial.

El chantaje de los agitadores digitales está dando como resultado que en las ruedas de prensa oficiales los periodistas independientes ocupen un lugar secundario, que los agitadores se dirijan al compareciente de forma irrespetuosa y que los recursos públicos que el gobierno destina al sostén de la prensa libre se desvíen -por miedo a las críticas- hacia los chantajistas profesionales.

La libertad de expresión y la libertad de prensa no tienen la misma extensión ni amparan a los mismos sujetos. Los agitadores digitales pueden invocar la primera para justificar en algunos casos su perniciosa actividad; pero jamás la segunda.



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