Mucho menos todavía cuando a la persecución de los mentirosos la promueven los gobiernos contra sus opositores.
Es muy evidente que hasta la más mínima y aparentemente intrascendente limitación de las informaciones falsas o carentes de objetividad, en la medida en que sea coactiva e impuesta por una autoridad estatal, entra inmediatamente en conflicto directo con la libertad de expresión y con la libertad de informar.
Un fiscal, por muy especializado que sea en ciberdelitos, no tiene la autoridad suficiente para declarar, con garantías de infalibilidad, lo que es verdad y lo que es mentira. Los fiscales no están para eso.
Producir y difundir fake news para erosionar a los gobiernos o menoscabar la honra de quienes gobiernan es de malas personas. Y a las malas personas que mienten por interés o a los que son mandados a mentir se los combate y neutraliza con la verdad. Quien intenta acallar a los mentirosos enviándolos a la cárcel o cerrando sus medios es alguien que no está muy seguro de estar en posesión de la verdad. A veces no lo hace inmediatamente, pero la verdad siempre triunfa.
En febrero de 2023 escribí que si se generalizara la represión penal como respuesta a las noticias falsas, el proceso democrático sufriría un menoscabo mucho mayor que el mal que se pretende evitar. Porque se reforzaría el poder del Estado -especialmente, el de la autoridad llamada a declarar la verdad- y se instauraría una suerte de dictadura del pensamiento que, en poco tiempo, conduciría a la pérdida o a la restricción mayor de otras libertades fundamentales.
Es por esta razón que las fake news no se pueden castigar con penas de cárcel, multas, cierre de medios, silenciamiento o inhabilitación de personas, sino cuando las mentiras produzcan lo que se conoce como legally identifiable harm (o daño legalmente identificable).
Por eso es que pienso que a los mentirosos hay que desenmascararlos y no encarcelarlos, salvo que sus mentiras provoquen, como he dicho, un daño cuantificable y cierto en el honor de las personas, provoquen catástrofes o pongan en riesgo la salud o la seguridad de los ciudadanos.
