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  • Xenofobia galopante
  • El interventor del Municipio de Aguas Blancas, con la valiosa y eficaz colaboración del diario El Tribuno de Salta, intenta instalar la peligrosa idea de que no habrá «juego limpio» en las elecciones que se van a celebrar mañana en aquel castigado rincón de nuestra frontera más caliente.
Imagen ilustrativa
Imagen ilustrativa

Casi a coro, uno y otro dicen que el «padrón» albohídrico está «inflado» con un número de ciudadanos bolivianos que estaría en torno a los dos mil; boliviano arriba, boliviano abajo.



Es inútil recordar al respetable que los ciudadanos bolivianos –así como cualquier otro extranjero residente– pueden votar en las elecciones municipales salteñas, a condición de que cumplan los requisitos que exige el inciso 2 del artículo 173 de la Constitución de Salta. Aguas Blancas no es, ni puede ser, la excepción.

Según el secretario del siempre ecuánime y normalmente hiperactivo Tribunal Electoral de Salta, el problema parece estar en el «padrón de argentinos», no en el de extranjeros.

Y tal problema consistiría en que muchos de los que allí figuran como argentinos son en realidad bolivianos, que, además, viven en Bolivia (es decir, a tres cuadras de la plaza principal de Aguas Blancas). ¡Tremendo pecado!

¿Cómo es entonces que los bolivianos se hacen pasar por argentinos?

Las posibilidades de que una cosa como esta ocurra son, en realidad, estrechísimas.

El famoso «padrón» (el que se utiliza en las elecciones provinciales y municipales de Salta) es elaborado por la Cámara Nacional Electoral.

Este tribunal solamente puede incluir en él a aquellos ciudadanos argentinos (sea por nacimiento o por opción) que el Registro Nacional de las Personas (y, a través de él, los registros civiles provinciales) le dice que deben figurar en las listas electorales. El tribunal luego se encarga –en teoría– de quitar de la lista a aquellos ciudadanos argentinos sobre los que pesa alguna inhabilitación que les impide ejercer el derecho de sufragio.

Algo como esto debería hacer también el Tribunal Electoral de Salta, pero –por lo que ha dicho su secretario los otros días por la radio– ni siquiera tienen idea de que pueden hacerlo.

Entonces, si por el interventor albohídrico y el diario El Tribuno fuese, lo que ha ocurrido es que el Registro Civil de Salta –por vía del RENAPER– ha comunicado a la Cámara Nacional Electoral que en Aguas Blancas hay unos 2000 argentinos que no son argentinos sino bolivianos, que además han suministrado un domicilio «fake», con la complicidad de testigos falsos y de policías supuestamente corruptos.

Nada de esto, obviamente, puede hacerse sin cometer un delito de falsedad documental, por lo que esta acusación de padronitis bolivianiforme es realmente muy grave y debería ser inmediatamente investigada por un fiscal, notitia criminis.

Lo que dicen los indignados xenófobos es que el Registro Civil ha concedido de forma manifiestamente irregular la nacionalidad argentina a un número indeterminado de personas que no han nacido en el país y a las que –sin embargo– se las ha inscrito como argentinos nativos. Gente que además es muy difícil de detectar, no solo porque se parecen mucho a los «nuestros», sino porque a diario cruzan la frontera varias veces, van y vuelven las veces que les da la gana, sin ningún tipo de control migratorio.

Al parecer, hacerse argentino en la frontera es tan pero tan sencillo, que mañana viene un ucraniano y le dice al que maneja esa furgoneta del Registro Civil que recorre los barrios (esa a la que llaman «móvil de identificación») que él (el ucraniano) ha nacido en Morillo y no en Kiev, y entonces el Registro Civil de Salta, sin pedirle ningún tipo de papel, previa consulta a un «cacique» de la zona, lo va a asentar como argentino y le va a dar una partida de nacimiento y un DNI como a todos nosotros.

Permítaseme decir que si algo como esto ha ocurrido, es muchísimo más grave que hacerle una ecografía de vías biliares (gratis) a un boliviano en el hospital de Orán.

Decir o insinuar que los padrones de Aguas Blancas están «tuneados» (no se sabe muy bien con qué propósito, porque los denunciantes nunca lo han dicho) comporta atribuir, bien al Registro Civil de Salta, bien a la Policía de la Provincia, bien al RENAPER y, en última instancia, a la Cámara Nacional Electoral una conducta criminal que atenta contra la fe pública y la seguridad de la nación.

Antes de expulsar a los bolivianos del padrón (lo que resultará muy difícil de hacer) algunos tendrían que pensar en hacer campaña para que esos «argentinos apócrifos» (no nacidos en la sacrosanta y futbolera tierra de Diego y Lionel) voten por el partido de uno y no por el rival.

¿A qué teme el interventor? ¿A que los bolivianos lo echen de su puesto? Tal vez lo que quieren hacer estos malvados intrusos venidos desde el Norte es promover un referéndum de autodeterminación.

Lo que sí me gustaría ver, o leer algún día, es una sentencia del Juzgado Federal de Salta con competencia electoral privando de la nacionalidad argentina a un ciudadano al que el Registro Civil tiene por argentino nativo. Me imagino el estupor de los juristas a leer algo así como «por su aspecto y su acento, el tribunal deduce, sin admitir prueba en contrario, que, a pesar de lo que dice su partida de nacimiento, usted ha nacido en Villamontes y no en General Ballivián».

Y me gustaría también que alguien dijera claramente –y no se limitara a insinuarlo– que un voto boliviano en Aguas Blancas es un voto a favor del narcotráfico, el contrabando y el crimen organizado. Porque realmente esto es lo que piensan los xenófobos de frontera.

A ver si se animan a una barbaridad como esa.



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