Sus negocios personales lo convierten en un tipo sospechoso, y una maniobra poco clara -que aún investiga la justicia- determina que los poderes centrales del gobierno provincial, después de mucho cavilar, se decidan a intervenir su Municipio, y, lógicamente, a destituirlo como Intendente.
Lo que sin embargo es anormal -y lo es mucho- es que alguien celebre la intervención municipal, no como la restauración de la legalidad conculcada o como el principio de un futuro y probablemente lejano retorno a la normalidad institucional, sino como una forma de «oxigenar» la democracia enmohecida de aquel pueblo.
Depende, claro está, de lo que se entienda por «democracia», que no es una palabra fácil y cuya polisemia ha causado no pocos problemas políticos en el último cuarto de siglo.
Pero de lo que estoy seguro es de que restaurar la legalidad mediante una intervención municipal que supone el descabezamiento de un intendente electo no es oxigenar la democracia. La ley se puede usar para hacer exactamente todo lo contrario.
No sé si sea este el caso de Morillo y tampoco sé cuál va a ser el destino de la democracia de aquel lugar después de la intervención. Lo que pienso que no se puede (no se debe) hacer es celebrar la intervención como una forma salvadora de la democracia, aunque de algún modo lo sea de la normalidad institucional.
Creer que la intervención va a desterrar el personalismo o el caciquismo en los pueblos más aislados es tan infantil como creer que se puede tomar la sopa con un tenedor o curar el alzheimer con paracetamol.
Una intervención municipal es lo más parecido a un golpe de Estado, si por esto último entendemos el súbito cese de una autoridad elegida por el voto popular y su reemplazo fulminante por otra autoridad que ha sido investida, no por el voto, sino por la voluntad libérrima de una sola persona.
Convendría no olvidar que, en 1976, el general Videla y sus secuaces llamaron proceso de reorganización nacional a la intervención militar más feroz que recuerde la historia argentina y que, de algún modo, también se propusieron «oxigenar la democracia», señalada en muchos documentos de la época como el punto de llegada final del proceso y luminoso destino de la sociedad argentina.
Este mecanismo, por muy legal o por muy necesario que sea, nada tiene que ver con la democracia, y mucho menos que nada con su «oxigenación».
Si tuviéramos que relacionar los efectos de una intervención municipal con la democracia, más que de «oxigenación», deberíamos hablar de «asfixia mecánica».
El «oxígeno» que requiere la democracia no es el que ventila y purifica las instituciones (que tranquilamente pueden funcionar bien en una atmósfera mefítica) sino el que permite que las células cerebrales de quienes albergan ideas democráticas produzcan energía y realicen sus funciones virtuales.
Pero, como dicen los que de esto saben, a algunos no les llega el agua al tanque.
