Para alcanzar este objetivo -que no parece malo de suyo- el gobierno invierte recursos cuantiosos en dos áreas que considera muy sensibles para concitar la atención, despertar la admiración y obtener el respeto ciudadano: las infraestructuras y la comunicación.
Por su parte, la comunicación existe, no ya para visibilizar las obras (que se visibilizan solas) sino para cubrir con palabras (aunque es mejor decir «apaños verbales») aquella realidad que no tan es visible a los ojos: la pobreza estructural, los graves problemas en la educación, las carencias en materia de salud, el abandono en materia de protección medioambiental, y otros de similar gravedad.
Mientras se pueda mantener una ratio equilibrada entre obras visibles y comunicación fantasiosa, el gobierno puede ir tirando; es decir, puede ir ganando las elecciones que se proponga.
Como cálculo político, no es del todo malo, desde luego; pero el problema estriba en que las obras -tan cacareadas- muchas veces no son las adecuadas, las que los ciudadanos necesitan; y que, cuando por casualidad lo son, su calidad deja mucho que desear. Incluso podemos hablar de obras necesarias y de calidad aceptable (escuelas u hospitales, por ejemplo) que al final, por causa de otro tipo de carencias, no dan los resultados sociales que de ellas se espera.
En las últimas décadas, los Gobernadores de Salta han acumulado kilómetros de cintas cortadas en inauguraciones más o menos pomposas. Sin embargo, nuestra realidad sigue siendo la que es. Las obras, sean grandes o pequeñas, solo sirven para ganar las elecciones y poco más que para eso.
Hablo de crear una workforce lista para intervenir en situaciones de aguda crisis social y que esté integrada exclusivamente por trabajadoras y trabajadores voluntarios.
Pero con el ingrediente de que estas personas, que dedican su tiempo, su esfuerzo y sus conocimientos a atender gratuitamente las necesidades más urgentes de sus semejantes, reciban periódicamente una renta básica alta que les permita vivir decentemente y dedicarse casi exclusivamente al trabajo voluntario, cuando sea requerido.
Sé que algunos me dirán que este compromiso voluntario anula el carácter incondicional de la renta básica. Es verdad, pues al pedirles a los beneficiarios/perceptores de esta renta una aportación en trabajo voluntario, aunque no se trate de una remuneración directa, estamos de algún modo ejerciendo sobre ellos la compulsión que tantos problemas provoca en la distribución de las ayudas sociales directas.
Sin embargo, aun con este componente de compulsión, la idea de una mano de obra voluntaria, formalmente estructurada, bien gestionada, siempre disponible y presta a intervenir, me parece sumamente interesante.
No se trata de crear un ejército de zánganos, sino de inventar, de forma inteligente y participativa, un conjunto de empleos socialmente productivos, como auxiliares en educación, en salud y en protección medioambiental (estos son solo ejemplos), a lo que se añadiría el acceso de estos voluntarios a la formación en habilidades digitales.
En vez de aumentar la burocracia para compensar el déficit de agentes que existe en determinadas áreas de intervención social, parece razonable echar mano del trabajo voluntario, pero protegido y apoyado por una RBI, de forma de eliminar todas (o la mayor parte de) las rigideces que provienen de la estructura burocrática vertical y de las formalidades del empleo público, proporcionando al mismo tiempo seguridad económica a los voluntarios.
Si acertamos a crear un cuerpo eficiente y flexible, cuyos integrantes no pasen apuros económicos innecesarios, podremos asegurarnos que nuestro déficit en materia de asistencia social se va a reducir de manera significativa, en relativamente poco tiempo. Una sociedad más justa y mejor cohesionada constituye la base para la creación de la riqueza que necesitamos, tanto para financiar las infraestructuras (las necesarias) como para pagar la RBI.
En otras palabras, que si con la fuerza de trabajo voluntaria logramos conjurar la amenaza de exclusión que pende sobre una enorme cantidad de comprovincianos, si conseguimos hacer que los salteños (que antes no lo eran) sean más sanos, más productivos y estén mejor educados, nuestro sistema social acompañará las innovaciones y las conquistas en materia económica o podrá incluso estimularlas. Y no ocurrirá como ahora, que el sistema social es un lastre para la economía, y esta, a su vez, aparece como un circuito cerrado, que solo se ocupa de aumentar el negocio, pero desligado de cualquier objetivo de bienestar colectivo.
Más que decidir de qué vivir, Salta y los salteños deben debatir y escoger ahora cómo quieren vivir; es decir, cómo distribuir el esfuerzo para que las diferencias, que hoy son enormes, en el futuro se noten menos y sean menos dolorosas.
En este plan, las obras y las financiaciones faraónicas dejan de tener sentido. Propongo, en consecuencia, que nos olvidemos por un buen tiempo del Estado constructor y que pongamos todas nuestras energías en convertir al Estado en un formidable inversor social.
