En realidad, pienso que con esta medida el gobierno se entromete ilegítimamente en la libertad contractual de las compañías aseguradoras y los automovilistas que contratan la cobertura de riesgos. No entiendo que el gobierno pueda prohibir directamente este servicio y no, por ejemplo, excluirlo del seguro obligatorio.
Aun así, se trata de una de las coberturas esenciales en cualquier seguro, incluso en los básicos a terceros. Un pinchazo, el reventón de una rueda, un defecto del motor, una batería agotada o la pérdida de las llaves hace que esta garantía se aplique para que el automovilista asegurado pueda llegar a tiempo a su destino. Es una cuestión de seguridad, más que de comodidad.
El caso es que el asegurado paga por esta asistencia, ya que el precio de su seguro normalmente se encarece, en mayor o menor medida, por la cobertura de este tipo de contingencias.
Me pregunto entonces si un automovilista salteño tiene prohibido ahora contratar -pagando, por supuesto- una cobertura voluntaria para el caso de que el coche lo deje tirado entre Juramento y Palomitas, allí donde reina la nada más absoluta.
¿Por qué si yo tengo el dinero para pagar esta asistencia y la aseguradora me la puede brindar, el gobierno le va a decir que no?
Supongo que alguna razón habrá que yo desconozco. Pero, desde el punto de vista de la libertad contractual, me parece muy poco razonable que un gobierno que se plantea -nominalmente- desregular todo lo que se mueva, resuelva imponerle a las partes de un contrato mercantil una prohibición tan rigurosa sin que haya ninguna razón de orden público que lo justifique.
En fin, que como digo, ignoro muchas cosas y debo ser prudente. Pero no me parece imprudente decir que esto me huele a una restricción de nuestras libertades.
