Inmediatamente me pregunté: ¿Acaso hay que inscribirse en Salta para tener un grifo de agua o conexión a la red de cloacas?
¿A qué beneficio se referían? Pues a un subsidio que hace que ciertos usuarios paguen menos por el agua que consumen.
Esto me tranquilizó bastante, no lo voy a negar.
Pero nada más leer esto último, veo que el señor Uluncha -titular del «Ente»- dijo que hacía el «reempadronamiento» porque advirtió que un 10% de los subsidiados «ya no están en condiciones de recibir el beneficio», porque -supuestamente- han mejorado de fortuna. Un poco raro en un país en el que la gente es cada vez más pobre.
¿Y cómo se ha enterado?
Añadió don Uluncha que esa nube de prosperidad «impide conocer la característica socioeconómica del usuario» y saber así si tiene o no derecho a pagar por el agua un precio inferior al que pagan todos los demás.
Según se desprende de sus palabras, el Estado no tiene ninguna forma de conocer cuál es la situación económica de las personas, como no sea preguntándole a cada uno por ella.
Es decir, no hay bases de datos de Rentas, de Inmuebles, de la ANSeS, del AFIP, nada. El «Ente» no puede cruzar sus bases de datos -al parecer- ni con la Municipalidad de Los Toldos, y eso con mucha suerte.
Con este sistema tan voluntarista, los usuarios pueden mentir como bellacos en sus declaraciones, con tal de seguir pagando menos dinero por el agua.
¿Cómo hará entonces Uluncha? Pues mandará a sus sagaces inspectores (porque no creo que tenga drones) a ver si el mentiroso tiene un jardín extenso al que riega todos los días, si tiene ocho baños o si llena la piscina cada semana.
Pero si puede hacer eso ¿por qué tiene que pedir que los usuarios se «reempadronen», sabiendo que muchos de ellos mentirán sin que nadie los controle?
El mentado «reempadronamiento» es estigmatizante.
Sencillamente no corresponde que el Estado pregunte a nadie por su situación económica, como no corresponde que le pregunten sobre su raza, su religión o su orientación sexual. El riesgo de ser discriminado es muy grande.
Nadie está obligado a reconocerse «vulnerable» en un procedimiento público. Es el Estado el que debe establecer la situación de cada uno, pero de una forma objetiva y discreta; es decir, evitando que sea la subjetividad de los individuos la que lo determine y, menos aún, formando un «padrón» de gente pobre.
Con empadronamiento o sin él, con piscinas de material o con pelopinchos, cuando el agua de Uluncha sale con barro, como ha salido hoy en muchas casas de Salta, no importa mucho quién es vulnerable y quién no.
