Ya lo había hecho con anterioridad, pero en esta última ocasión añadió dos elementos importantes que no se debe pasar por alto: 1) que «el gobierno» (es decir, no solo su presidente) consideraba a García Ortiz «inocente»; y 2) que esta vez la valoración de la «inocencia» del Fiscal General del Estado no se basaba criterios simplemente morales, sino que «se desprendía de la marcha del juicio».
Lo mismo han hecho las podemitas Ione Belarra e Irene Montero (ambas alejadas del Gobierno), con argumentos prácticamente calcados.
Invito a leer las opiniones del exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey respecto de la condena a prisión por corrupción de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (las inmediatamente anteriores a las elecciones de octubre, no las más antiguas) y compararlas con las valoraciones que ha hecho Pedro Sánchez, antes y después de la condena del Supremo al Fiscal General del Estado.
Los argumentos deslegitimadores de la actuación de los tribunales son prácticamente idénticos en un caso y el otro: Golpismo, law fare, partido judicial, chantaje, abuso de poder, jueces fascistas, etc. La única palabra que Urtubey y los kirchneristas en la Argentina no pronunciaron (tal vez por no conocer su exacto significado) fue «fachosfera», una expresión que Sánchez suele emplear con frecuencia para denigrar a sus opositores y convocar al odio.
Pero tanto en la Argentina como en España, las fuerzas que ahora denuncian el activismo judicial antigubernamental aplaudieron en un pasado no muy remoto ciertos pronunciamientos judiciales coincidentes con sus políticas o con su orientación ideológica.
Los mismos tribunales que han enviado a la cárcel a Cristina Fernández de Kirchner son los que, a instancias de los mismos Kirchner, han procesado, condenado y encarcelado a cientos de responsables de la represión durante la pasada dictadura militar.
Los tribunales que han inhabilitado por dos años al Fiscal General del Estado español son los mismos que han juzgado y sentenciado sonados casos de corrupción en los dos partidos mayoritarios, como la trama Gürtel (del PP), o los ERE de Andalucía (PSOE); o el mismo caso Nóos, en el que se vio envuelta la Casa Real.
Da la impresión de que, tanto en el sistema parlamentario como en el presidencialista, al Poder Ejecutivo no le cuadra mucho tener que someterse al control de los tribunales de justicia. En este punto hay que tener en cuenta la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tras conocer la condena del Supremo al FGE ha calificado al Gobierno de Pedro Sánchez de «dictadura», una calificación tan dura como inusual en este país desde 1975.
Y aunque no hay prácticamente dudas de que en la judicatura hay personajes (por suerte, contados) que juegan a bloquear las iniciativas políticas y que no dudan en instrumentalizar la ley para ponerla al servicio de su ideología, la descalificación horizontal, íntegra e indiscriminada, del Poder Judicial supone no tanto desconocer una realidad compuesta por órganos plurales, cuyo equilibrio y ecuanimidad depende de la aplicación rigurosa de la ley, como atentar contra la propia estabilidad y fiabilidad de las instituciones, que todos —políticos y jueces— están obligados a preservar.
