Pero más que amenazas a la dignidad de los trabajadores o a los niveles de empleo, los cambios que se están produciendo deben ser vistos como una oportunidad para que las organizaciones que defienden los intereses de los trabajadores adquieran un renovado protagonismo en la vida económica y social del país.
Paralelamente, estos mismos sindicatos han visto cómo su influencia en las empresas y centros de trabajo, su poder para introducir equilibrio y justicia en las relaciones laborales, decrecía sin remedio, al compás del aumento de sus capacidades políticas y de las respuestas más rápidas y efectivas del gobierno peronista a sus demandas.
El exministro de Economía Sergio Massa anuló de hecho la fuerza de los sindicatos en la negociación colectiva al conceder aumentos coactivos por decreto (incluso a trabajadores no registrados), sin ninguna participación de los interlocutores sociales. Y el sindicalismo argentino «tradicional» toleró este exceso con una cierta alegría, sin reparar en el daño que estaba sufriendo su autonomía.
Algunos sindicalistas, que han vivido su particular primavera con una economía fuertemente intervenida y se han sentido sumamente cómodos y aliviados por el paternalismo del gobierno que les quitó de encima el peso de la lucha, piensan que bloqueando las decisiones del nuevo Presidente de la Nación van a lograr proteger mejor a los trabajadores, aun a sabiendas de que el modelo que el país está intentado dificultosamente dejar atrás es especialmente dañino para los que no tienen más remedio que alquilar su fuerza de trabajo a los dueños de los medios de producción.
Otros, en cambio, ya mismo están pensando en que es necesario abandonar esa estrategia, cómoda pero suicida, de trasladar al gobierno y a la política toda la responsabilidad por el bienestar de los trabajadores. Piensan que la liberalización de la economía -que se insinúa inevitable- y los duros desafíos que la apertura plantea para los trabajadores, requieren de organizaciones maduras, ágiles y con una alta capacidad de negociación con su antagonista social, que sustituya las «habilidades políticas» de presión sobre los gobiernos y la comodidad, que tantos buenos réditos ha dado en los últimos treinta años.
El nuevo gobierno argentino se ha comprometido a respetar la libertad de la negociación colectiva, por lo que no cabe esperar la fijación de topes a los aumentos salariales. Solo las palabras «libertad» y «negociación colectiva» deberían ilusionar a los trabajadores argentinos y a sus organizaciones.
Pero en un contexto de lucha sin cuartel contra la inflación, se hace necesario que tanto organizaciones sindicales como empresarias acuerden un pacto de rentas para moderar el aumento de los salarios y el de los beneficios empresariales, pues la elevada inflación se acabará antes si se pactan unos aumentos moderados y mucho después si los salarios y los beneficios intentan «ganarle» al aumento de precios por largas distancias.
Para los trabajadores argentinos ha llegado la hora de la autotutela a través de la negociación colectiva y de otros instrumentos que el Ordenamiento reconoce al movimiento obrero. El nuevo contexto económico fuerza a los sindicatos a concentrar sus esfuerzos en los sectores de actividad, en las empresas y en los centros de trabajo. No se trata de escenarios desconocidos para los sindicatos, pero sí de unos ámbitos que deliberadamente la acción sindical ha dejado de frecuentar.
De lo que se trata, por tanto, es de que los sindicatos abandonen la comodidad, tome nota del fin del paternalismo estatal distorsivo y que vuelva a lugares que nunca debió dejar de visitar. Todo ello, sin descuidar su influencia sobre la macroeconomía y la legislación, que siguen siendo ejes fundamentales de la acción sindical para sostener una economía fuerte, diversificada y, sobre todo, justa.
