En estos momentos, algo así como la mitad del país culpa al gobernador Gerardo Morales de la violenta reacción de las fuerzas de seguridad jujeñas, mientras que la teórica otra mitad culpa al gobierno nacional y al kirchnerismo de azuzar las protestas violentas en las calles de la capital de la provincia vecina.
En un momento tan delicado como este, me parece que buscar apresuradamente culpables o colgar etiquetas arbitrarias a unos y a otros revela impaciencia y superficialidad, y en nada ayuda a ver los acontecimientos con más claridad y a superar los problemas que los han producido.
Aunque parezca «poco arriesgado» en un momento como este, en el que el cuerpo pide ponerse del lado de alguno y combatir al contrario, considero muy importante recordar que, por muy mala que sea la nueva Constitución de Jujuy, oponerse a ella, o -aun- echarla abajo, son objetivos políticos y, como tales, no justifican jamás el empleo de la violencia.
En medio de esta disputa, nuestros vecinos jujeños tienen una nueva Constitución, votada sin apenas debate, con poca participación de los políticos opositores y sin ningún protagonismo de los ciudadanos. Los errores cometidos en el proceso reformista de 2021 en Salta se han multiplicado con creces en Jujuy.
Sin dudas que es importante saber quién inició la violencia, cuándo o cómo lo hizo. Pero, a estas alturas del conflicto, mucho, mucho más importante que lo anterior es darse cuenta de que los enfrentamientos desmedidos han conseguido lo que se proponían: que el eje de la discusión política se haya desplazado de la oportunidad y el contenido de la nueva Constitución de Jujuy al ejercicio descarnado de la violencia.
Los ciudadanos deberían distanciarse de estas disputas y volver a centrar la cuestión en lo que importa a todos: la pertinencia u oportunidad de la nueva Constitución.
Es verdad que el gobierno no puede dialogar con quienes están ejerciendo la violencia; pero, aunque cesaran en ella, tampoco los descontentos pueden dialogar con el gobierno mientras penda la amenaza del ejercicio de la violencia por parte de este.
Desde luego, ninguna de las dos actitudes contribuye a cimentar nuestra democracia. Más bien, hablan de su debilidad y de la ineficacia de los mecanismos institucionales que hacen posible el disenso civilizado.
Es al Gobernador de la Provincia de Jujuy a quien cabe la principal responsabilidad en la recuperación del diálogo democrático. Es él el que debe mejorar las instituciones que han fallado y que han causado o facilitado el estallido de violencia. Morales debe convocar a un referéndum para que los jujeños se expresen sobre la nueva Constitución y comprometerse a tener en cuenta su resultado.
Cualquier otra actitud, como por ejemplo ahondar el enfrentamiento con el gobierno nacional, por razones ideológicas o políticas, no hará otra cosa que reavivar la llama de la violencia y perjudicar la buena marcha de los asuntos que interesan a todos los jujeños.