Unos y otros han tenido, sin embargo, una influencia más que evidente en la definición de las regulaciones proyectadas. Por supuesto, unos han influido más que otros. Pero no es este el problema.
Es decir, no ha habido, no hay, un ámbito público y accountable de negociación; ni siquiera una instancia simulada. Todo es presentado como una «iniciativa del gobierno», que se propone a las partes como un contrato de adhesión, como las lentejas: O las tomas, o las dejas.
Los empresarios y sus lobbistas no reclaman una mesa institucionalizada de diálogo y negociación, porque están seguros de poder influir en los puntos claves del proyecto de la forma en que siempre lo han hecho: en las sombras, utilizando canales opacos y adoptando posiciones de chantaje, sin someterse en ningún momento al control ciudadano o de la contraparte.
Los sindicalistas y sus expertos laborales, por su parte, cacarean su oposición a la reforma, anuncian resistencia y revueltas varias. Pero al mismo tiempo que braman su ¡No pasarán!, tampoco quieren que se sepa oficialmente que, por debajo de la mesa, aceptan encantados el avance de los empresarios sobre las relaciones individuales de trabajo (y a veces también sobre las colectivas), a cambio de mantener sus privilegios.
Pero aunque la nuestra no sea una democracia corporativizada, los ciudadanos debemos ser capaces también de evaluar el comportamiento de aquellas organizaciones privadas de productores a las que el Estado le reconoce un cierto espacio de representación institucional o de autonomía jurídica colectiva.
Creo que se equivocan quienes a mediados de los años 90 pensaban que los sindicalistas argentinos eran satanases apoltronados en los sillones Chesterfield de sus poderosas federaciones, y tres décadas después piensan que los mismos sindicalistas (algo más canosos y decididamente más gordos) son abnegados y serviciales padres de la patria. Puede que el sindicalismo argentino haya perdido sus mañas, pero lo que no ha perdido es el pelo (que es lo que realmente importa cuando hablamos de criaturas peludas).
La diferencia, a mi entender, se halla en lo que podríamos llamar «conciencia de clase», pues los empresarios argentinos, con independencia de su origen social, la tienen (su cohesión interna es impecable), mientras que algunos sindicalistas (devenidos en poderosos empresarios) la han perdido por el camino y no se sienten muy seguros —o quizá no muy cómodos— a la hora de defender los intereses de la clase trabajadora.
La cara B de las negociaciones es inevitable en cualquier proceso. Pero da la casualidad que, en este caso particular no hay cara A, porque a ninguno de los tres actores sociales se les ha ocurrido —más por cálculo que por ignorancia— sentarse a negociar con luz y taquígrafos.
Al Congreso llegará —como ya es costumbre— un libro cerrado. Se intentará vendernos que los legisladores modificarán, ponderarán, moderarán, sustituirán, racionalizarán..., pero la realidad es que aun los más entusiastas se estrellarán contra un muro cuando intenten quitarle a la reforma proyectada por los cerebros del gobierno sus aristas más duras.
Es preferible —aun desde el punto de vista económico— una mala reforma negociada públicamente, con participación de los directamente interesados y garantías de control ciudadano, que la mejor reforma negociada de forma clandestina. No solo por motivos de paz social, sino también por motivos de eficiencia productiva.
