Durante el periodo anterior -el de Juan Carlos Romero (1995-2007), igualmente largo pero algo menos triste- estas demandas se comenzaron a advertir, pero el régimen supo enfrentarlas de alguna manera, consciente de que la solidez del «aparato» sería suficiente para neutralizar aquellas demandas, todavía dispersas y no demasiado confiadas en sus propias fuerzas.
Parece evidente que en esta evolución peyorativa ha influido decisivamente la acelerada multiplicación de las demandas populares de mayor protagonismo en la política, pero -a mi modo de ver- los factores que han favorecido la instauración del populismo a nivel provincial han sido tres: 1) La renuncia de las elites a dirigir la sociedad (al compás de su declive moral); 2) la destrucción controlada de los partidos políticos (favorecida, a su vez, por las PASO), y 3) una idea distorsionada (pero compartida) de la flexibilidad de los límites del sistema representativo de gobierno (a la que también contribuyen las PASO).
Si retrocedemos un poco más en el tiempo comprobaremos que fue el gobierno de Roberto Romero (1983-1987) el que inauguró la era del divorcio entre la política y la moral. Los gobiernos que le sucedieron -Hernán Cornejo (1987-1991) y Roberto A. Ulloa (1991-1995)- intentaron, cada uno a su modo, restaurar la necesaria conexión entre la política y la moral, pero no solo no lo consiguieron sino que también fracasaron a la hora de practicar las reformas necesarias del sistema a fin de incluir las demandas de sectores de la sociedad hastiados de la desigualdad y la corrupción, y de demostrar, en fin, que la política es capaz de cambiar la realidad y mejorar la vida de los ciudadanos.
El gobierno de Juan Carlos Romero
Durante el gobierno de Juan Carlos Romero se acometieron dos reformas constitucionales (1998 y 2003) cuyo objetivo principal fue el de suprimir los límites temporales impuestos (razonablemente) para el ejercicio del poder gubernamental en Salta. Fueron dos ocasiones perdidas para reformar nuestra democracia, para hacerla más justa y más participativa.En su momento, ni las elites políticas (muchas de ellas deslumbradas por el falso resplandor de los oropeles romeristas) ni los partidos políticos (desorientados por la enorme vitalidad electoral del peronismo y escasamente vertebrados) pudieron impedir el ascenso de un líder autoritario, psicológicamente propenso a acumular poder y saltarse las reglas. Los «guardianes de la democracia» fallaron clamorosamente en Salta y toleraron no solamente los excesos mayestáticos de un gobierno marcadamente personalista sino que también suscribieron la instauración de mecanismos distorsivos de la expresión de la voluntad popular y de la representación política, como la nefasta ley de lemas.
Según escriben Steven LEVITSKY y Daniel ZIBLATT en su influyente libro How Democracies Die (Viking - Penguin Random House UK - 2018), la barrera que impide el paso a los líderes con tendencias autoritarias se encuentra en las reglas de selección de candidatos. La ley de lemas, primero, y después la ley que instituyó las elecciones primarias simultáneas y obligatorias abrieron las puertas de entrada al sistema a candidaturas externas, y anularon de iure el filtro que ejercían los partidos políticos en materia de selección de candidatos y el control de las nominaciones, sustituyendo la racionalidad partidaria por la supuestamente más «democrática» fórmula de las campañas pasionales seguidas del voto popular.
A estos cambios en el diseño institucional se han sumado en Salta dos factores más cuya importancia algunos tienden a minimizar: 1) el creciente poder del dinero en las campañas (un dinero generalmente opaco y sospechado de proceder de actividades al margen de la ley), y 2) la explosión de la presencia e influencia de los medios masivos de comunicación, incluidas las modernas redes sociales.
La apertura que en su momento supusieron la ley de lemas y la de elecciones primarias tuvo en Salta un efecto similar, aunque no idéntico, al de la introducción en 1972 de las elecciones primarias en los Estados Unidos, siguiendo las recomendaciones de la Comisión McGovern-Fraser.
Si bien durante el gobierno de Juan Carlos Romero comenzaron a multiplicarse las demandas de mayor bienestar y justicia social, así como de participación de las minorías, las elites de entonces le dieron la espalda a estas demandas y convalidaron con su silencio la renuncia explícita del Gobernador a generar políticas orientadas a mejorar la situación general de las clases más desfavorecidas. El gobierno de Romero, mediante un férreo control de las instituciones (el sultanato), logró consolidar sus posiciones de poder con relativa facilidad y permanecer en ellas, aun cuando las señales en el horizonte claramente indicaban que el mundo había cambiado y que era necesario salir del ensimismamiento y enfrentarlo.
El gobierno de Juan Manuel Urtubey
El gobierno de Juan Manuel Urtubey hizo incluso mayores contribuciones al advenimiento del populismo.Lo hizo en dos direcciones: 1) reaccionando de forma espasmódica (como gallinas sin cabeza) a la ya muy ostensible influencia en el espacio público de los pequeños grupos organizados que buscaban un lugar bajo el tímido sol de la democracia salteña, y 2) concretando la expulsión de las elites de los procesos de decisión. Lo que durante el gobierno de Romero se intentó disimular detrás de una fachada de buen gusto y refinamiento, durante el de Urtubey fue sustituido por la vulgaridad más descarnada, revestida, eso sí, de una pátina de falsa autoridad académica.
Si durante el periodo anterior las elites no emplearon su poder para impedir que los líderes autoritarios o con tendencias autocráticas se hicieran con el control del poder (porque en el fondo estuvieron de acuerdo con los engañosos vaivenes de Romero), en el periodo 2007-2019 la situación es ya completamente diferente, pues entre los intentos desesperados del Gobernador para contener a los grupos emergentes (indígenas, mujeres, piqueteros, peregrinos, desempleados, activistas de los derechos humanos, gauchos tradicionalistas, etc.) y el desguace programado de las instituciones (especialmente las de control, dominadas estrechamente por el grupo gobernante, aun en los lugares reservados a las minorías opositoras), las elites perdieron su poder moderador del juego político y resignaron (vergonzosamente) su rol de garantes de la centralidad de la tolerancia y de la contención intraelite como vías para garantizar la salud democrática.
Fue durante el gobierno de Urtubey que las elites aceptaron este papel secundario, en beneficio de una visión instrumental del poder, primero, y poco después, al servicio de la proyección personal de un Gobernador tan excesivamente ambicioso como creído de cualidades excepcionales que en realidad nunca poseyó.
Ni las elites ni los partidos políticos salteños (cuyo declive se había iniciado en la década anterior) se esforzaron de ningún modo para cerrar el paso a los candidatos externos no comprometidos con los valores democráticos. Al contrario, elites y partidos, casi por igual, guardaron silencio, tanto a la hora de desaprobar a los candidatos no democráticos como a la hora de apoyar o de hacer causa común con aquellos que demostraban un compromiso mayor con la libertad, los derechos humanos y el bienestar.
A pesar de la claridad del diseño constitucional en lo que se refiere al «gobierno representativo», el conjunto institucional salteño se puso al servicio de los más pequeños intereses sectoriales y los gobernantes confundieron interesadamente el interés general con la suma agregada de los intereses particulares.
La representación política -pilar de la estructura republicana- dejó de estar bajo el control de las elites y de los partidos políticos (como prevé la Constitución, especialmente a través del sistema bicameral) para pasar a ser «arbitrado» por un amigable componedor de las más minúsculas querellas sectoriales; un componedor que desde el vértice del Estado intentó congraciarse con las minorías más ruidosas (las feministas radicales, por ejemplo), no tanto para favorecer la gobernabilidad amenazada por la variedad, sino para apuntalar su propia imagen política, con resultados a la postre desastrosos. Urtubey extendió así, irrazonablemente, los límites del sistema representativo de gobierno, introduciendo una flexibilidad que de ningún modo habían previsto los constituyentes nacionales y provinciales en 1853 y 1986.
Las desigualdades estructurales, la ausencia de políticas consistentes de bienestar y la cuestión de la protección efectiva de los derechos humanos desaparecieron de la agenda del gobierno, casi al mismo tiempo que las elites -prácticamente ya desactivadas- se mostraban incapaces de modelar las demandas sociales y de influir sobre la estructura institucional. Algunos miembros de estas elites -individuos a los que se podría considerar (con cierta generosidad) la «vanguardia intelectual» salteña- se mostraron conformes con el avance del populismo, y en vez de propugnar soluciones democráticas y participativas al problema de la mayor presión política de los grupos sociales, apoyaron las políticas suicidas del gobierno de Urtubey.
La formulación teórica no podía ser más atractiva, pero tropezaba con el inconveniente de que el líder no estaba de ningún modo dispuesto a compartir el poder con las minorías que empujaban desde abajo y, ante la imposibilidad de controlarlas mediante la política y el juego institucional, se dedicó a corromperlas una a una, como en un juego de guerra medieval. Lejos de desactivar el populismo con esta táctica, Urtubey contribuyó con ella a su brutal refuerzo.
La dispersión de la oferta electoral y la falta de controles institucionalizados en la selección de los candidatos necesitaba un complemento y Urtubey lo encontró en el voto electrónico, que aunque multiplicó varias veces el gasto promedio por elector, dio más legitimidad y fluidez a las candidaturas descontroladas, así como renovadas alas a un populismo que por entonces ya se expresaba tanto en un extremo como en el otro del arco político, prácticamente sin distinguir entre ideologías.
Todos estos procesos no han pillado por sorpresa a nuestras elites, pero es una realidad incontestable que sus miembros no han sido capaces de defenderse de las amenazas del populismo. Las elites en Salta -incluida la nunca bien definida y peor valorada «vanguardia intelectual»- nunca han controlado el flujo del dinero, las propiedades o la información; su influencia en las fundaciones filantrópicas es marginal, así como modesto es su papel en las instituciones de educación superior o en la gestión de los instrumentos de producción cultural.
Dicho en otros términos, nuestras elites han cumplido la profecía paretiana y, por diferentes motivos (entre los que sobresale la negativa a cultivar su relación con los demás grupos sociales), son ahora mismo incapaces de establecer, como lo hacían antaño, los términos del debate público; ni siquiera son capaces de influir en él. Nuestras elites han perdido la fe en sus propios valores y su mayor derrota se aprecia en la resignación del liderazgo moral de la sociedad en favor de unos gobernantes rendidos al populismo y capaces de las peores cosas con tal de no caer en las perniciosas garras de la impopularidad.
