No importa que Urtubey haya dejado las irresponsabilidades del poder en 2019. Su espigada sombra, apretada pero etérea, oscura como rincón para hacer la pis, que se proyectaba como un fantasma siniestro sobre el bienestar de cientos de miles de salteños y salteñas, ahora también pesa como una losa sobre las precarias finanzas del Estado provincial.
Promediando sus doce años continuados de gobierno, en la cúspide de su autoenamoramiento, Urtubey decidió que era injusto que unos operadores foráneos se llevasen la parte del león de aquella mina de oro, que aún hoy financia, a través de mecanismos muy opacos, una parte sustancial de los movimientos políticos en Salta.
El gobernador Juan Carlos Romero (otro que conoce bien los enormes horizontes y la potencialidad de este negocio) había otorgado en 1999 a Casinos Austria la concesión de los juegos de azar por treinta años; es decir, hasta 2029.
Pero a menos de la mitad del plazo y sin más argumento que su bonita cara, Urtubey decidió echar al concesionario y —frotándose las manos— quedarse con el pingüe negocio.
Por supuesto, Casinos Austria no se quedó en el molde; saltó del Danubio al Mojotoro, como Margaret Thatcher cuando Galtieri decidió invadir las islas. Los austriacos acudieron al CIADI para denunciar que el Estado argentino, a través de la Provincia de Salta, adoptó una medida extrema sin siquiera tomarse la molestia de acreditar, como mandan los cánones, una violación grave de las estipulaciones firmadas en 1999, que justificara la completa destrucción de la inversión extranjera.
El asunto fue confiado por Urtubey —y posteriormente por Sáenz— a la veleidosa eminencia gris jurídica de doña Pamela Calletti, quien en un tiempo relativamente razonable logró el prodigio de que la Provincia de Salta fuese condenada en dos instancia sucesivas, y que la indemnización originalmente reclamada (de poco más de 21 millones de dólares) creciera a más del doble. Tal vez lo que quería Calletti era inscribir su nombre en el Libro Guinness de los Récords, igual que esos empeñosos güemenses que quieren fabricar un quesillo de 700 kilos.
En suma, que el CIADI no le hizo mucho caso a la jurista del Mojotoro y sentenció que el Estado argentino (un mero formalismo para no decir «Urtubey») violó el tratado bilateral de inversiones firmado entre Austria y la Argentina y ejecutó una expropiación ilícita.
Ahora bien, si pagamos la cantidad condenada (con sus intereses), más las costas y los gastos arbitrales, lo que corresponde es que Urtubey vuele inmediatamente a Vienna, se reúna con el primer ministro del país, y le pida de rodillas que la selección austriaca «se deje meter ocho» en el partido que disputará con los nuestros el próximo 22 de junio en Dallas.
Por 45 millones a tocateja, es lo menos que podemos esperar.
Y ya que cada vez está más difícil sentar a Urtubey ante un fiscal o un juez (con el permiso de «Teresa») deberíamos pedirle al exgobernador (y llegado el caso también a su hijo el «gurú tarijeño») que se abstenga de dar consejos a los peronistas sobre cómo reflotar al hundido Partido Justicialista de Salta o sobre cómo desbancar a Milei.
No vaya a ser cosa de que «acierte» como lo hizo el padre con Casinos Austria, o el hijo con la candidata a alcaldesa de Tarija.
