Pero así como hay quienes solo existen para indignarse y reaccionar con furia frente a los acontecimientos más intrascendentes, hay cada vez más personas, más perfiles en las redes y más sitios web, que empujan a su prójimo hacia el confortable abismo de la indignación, y que, de paso y como quien no quiere la cosa, se llenan los bolsillos provocando la indignación ajena.
Los indignadores nunca están convencidos de nada. No es la convicción ni son los principios los que les impulsan. Solo los mueve el deseo perverso de revolver el avispero, de emponzoñar la convivencia, porque han visto en esta innoble actividad un negocio muy interesante que les proporciona ganancias casi inmediatas.
Desde luego, tampoco importa la forma en la que los mercaderes de la indignación consiguen estimular en sus semejantes comportamientos fronterizos con el odio: Difamación, calumnias, fake news, acusaciones de corrupción, campañas de ataque personal... casi no falta de nada. A los indignadores les da igual la herramienta que utilicen, porque advierten que los indignables tragan cualquier cosa y que pagan muy bien por el consumo de basura.
Se podría definir a la opinión tóxica como aquella que se emite con la intención de minar la moral de una persona o denigrar a una institución y, en general, a cualquier juicio formulado con una intencion dañina.
El mayor consumo de opinión, en desmedro de la información objetiva, no es malo de suyo; pero el asunto comienza a complicarse cuando el receptor de la información ya no es capaz de distinguir, en un caso, entre la verdad y la mentira, y, en el otro, las buenas intenciones de las malas.
Las redes sociales han potenciado de una manera insperada este fenómeno, que nos obliga a convivir en un mundo de medias verdades y en el que los buenos se mezclan con los malos, los inocentes con los culpables y los legales con los amantes de la transgresión. Una gran desilusión experimentaría nuestro querido Discepolo si comprobara cómo de un siglo al otro los inmorales no solo nos han igualao sino que nos han superao; justamente porque ahora son ellos los que dictan la moral del rebaño y no al revés. Para muestra de lo que digo basta con leer por encima los últimos diarios de sesiones de la Cámara de Diputados de Salta, un lugar habitado mayoritariamente por moralistas sin moral.
Para intentar contrarrestar una parte de los efectos dañinos de la información sesgada que circula por las tuberías digitales han surgido decenas de miles de fact checkers, que -a veces no tan rápido como sería deseable- se encargan de desmontar los bulos y denunciar cuando las fotos o los vídeos han sido manipulados.
Pero no hay -que yo sepa- opinion checkers. Tampoco hay ningún sistema que permita calificar los sitios web por el grado de maldad o bondad de las opiniones que publican; ni siquiera hay intentos de distinguir los diferentes sitios por la calidad de su escritura. El mundo de la opinión permanece abierto y sin controles de calidad; entre otros motivos porque intentar limitarlo o imponer autoritativamente filtros de calidad -sea de su lenguaje, de su gráfica o de su funcionalidad lógica- terminaría lesionando, a la larga, la sagrada libertad de opinar.
Es el ciudadano el que debe salir a denunciar las opiniones tóxicas y combatir los intentos de crear indignaciones de diseño, porque así como el derecho a opinar libremente es sagrado y su ejercicio es y debe ser siempre respetable, el producto, el output, no tiene por qué ser respetable de antemano. Hay opiniones repugnantes y hay que decirlo en voz alta cada vez que nos enfrentamos a una de ellas.
Aunque una mayoría de lectores y consumidores de opinión busca en la superficie de la web aquello que de una forma más rápida satisface sus pulsiones más destructivas y viscerales, un número creciente de ellos intenta huir de la opinión tóxica y privilegia los sitios con información u opinión que prescinda de la estridencia, el efectismo y la provocación. Puede que la indignación esté dejando paso a un civismo algo más sosegado. Quizá esto no sea una realidad sino simplemente un sueño de quien estas líneas suscribe.
Obsérvese que no hablo de los discursos de odio, cuya naturaleza dañina y su sesgo se advierten sin ningún tipo de esfuerzo. Hablo de provocaciones constantes de controlada intensidad, de venenos muy bien dosificados y calculados, que enmascaran un discurso militante y opositor detrás de una fachada de opinión libre. ¿Es ético hacer un negocio del ejercicio de un derecho fundamental?
Y no hablo de una militancia ideológica, que podría ser hasta respetable, sino de una machacona pero selectiva perseverancia en el empeño de destruir la reputación de personas o de instituciones; pero no por motivos políticos, sino por la ambición de atrapar la atención de los lectores y conseguir más clics. El negocio de crear indignación está llenando los bolsillos de algunos que hasta hace poco se ganaban la vida haciendo otra cosa. Creo que es mi deber denunciarlo.
El ecosistema de la opinión en Salta se encuentra en serio peligro por esta perniciosa tendencia al facilismo y a la superficialidad de los mercaderes de la indignación; una tendencia que está impulsando a algunos a privilegiar los contenidos agresivos, inútilmente críticos y de baja calidad gráfica y lógica, por encima de la información rigurosa y la opinión más inteligente, que es la única que nos permite a los ciudadanos tomar las decisiones más adecuadas.