Los acusados son tres presos, un carcelero con el grado de cabo primero del SP y dos familiares de uno de los reclusos (una madre y su hija).
Durante ocho meses se realizaron tareas de vigilancia, análisis informáticos e intervenciones telefónicas, que pusieron de manifiesto que la existencia de una red que contaba con la colaboración de dos mujeres que compraban la droga, la acondicionaban y la entregaban para ser introducida luego en la cárcel.
Las mujeres, además, administraban los pagos realizados mediante transferencias y billeteras virtuales vinculadas a la actividad ilícita.
Dentro de la cárcel, uno de los internos recibía la droga y la vendía; otro colaboraba con su distribución dentro del establecimiento, mientras que un tercero actuaba como enlace entre personas de dentro y fuera del penal.
Con los elementos reunidos, el fiscal Flores pisió al Juzgado de Garantías autorización para registrar tres celdas, dos viviendas particulares y un local comercial. Las medidas se llevaron a efecto el pasado 9 de junio.
Durante los procedimientos se intervinieron teléfonos celulares, dinero en efectivo, documentación, anotaciones de interés para la causa y sustancias estupefacientes, tanto en domicilios particulares como dentro del establecimiento penitenciario.
En la vivienda del agente penitenciario, ubicada en el barrio Norte Grande, se incautaron un teléfono celular y dinero en efectivo. En el domicilio de las dos mujeres imputadas, en Cerrillos, se procedió a la incautación de marihuana, cocaína, una balanza de precisión, elementos para fraccionamiento y acondicionamiento de drogas, chips telefónicos, celulares y dinero en efectivo. En un local comercial vinculado a una de ellas se encontró un cuaderno con anotaciones manuscritas.
En el interior del penal, en una de las celdas registradas se halló dos teléfonos celulares, cargadores, cables, una radio portátil, una batería, envoltorios con marihuana y tres libretas con anotaciones. En otra se hallaron dos celulares, una tarjeta SIM, cables USB, un adaptador, un listado con números telefónicos y un ticket con anotaciones.
Para la Fiscalía, las pruebas reunidas permiten sostener la existencia de una organización que coordinaba la introducción y posterior venta de estupefacientes dentro de la cárcel, con participación de personas tanto del interior como del exterior del establecimiento.