En una enorme mayoría de casos, los acomplejados son «aspirantes» y «asimilados», que miran con ojos de deseo a la decadente aristocracia local y que secretamente intentan imitar sus costumbres, emular su poder y ocupar sus lugares de privilegio ancestral.
Entre ellos los hay forasteros y forasteras (algunos de largo arraigo), pero también los hay oriundos del más variado pelaje.
Lo intentan pero no lo consiguen. Tropiezan con enormes dificultades; no tanto porque sus esfuerzos no sean idóneos, sino más bien porque el «grupo principal», a pesar de su visible deterioro (económico, pero fundamentalmente intelectual) y de la catástrofe propiciada por algunos matrimonios desafortunados, arrastra todavía una bien merecida fama de cerrado, elitista y excluyente.
Desde hace algún tiempo, hablan con desprecio de la aristocracia salteña, no tanto quienes históricamente han sufrido sus excesos y son víctimas indefensas de su poder incontrolado, sino aquellos que pretenden sustituirla.
Esta malquerencia es propia de quienes alguna vez pensaron que haciendo buenos negocios, mejorando su nivel educativo y obteniendo una posición económica boyante podrían llegar a obtener lo que otros obtuvieron solo por el nacimiento. Son estos, los eternos aspirantes, y no las clases populares, los que acostumbran a dividir arbitrariamente a la sociedad en «cholos» y «chinos».
Pero el ascensor social no funciona en Salta como algunos esperan y desean.
La clase prominente -antaño visceralmente antiperonista- hoy profesa un sospechoso peronismo «de la primera hora»; y aunque sus portavoces se empeñan en decir que defienden los intereses de los más humildes y que su misión en la vida consiste en satisfacer las necesidades de los más desfavorecidos, en la práctica solo se defienden a ellos mismos, como lo vienen haciendo desde hace 300 años.
El «ascensor peronista» detiene su marcha cuando alcanza una altura peligrosa para los intereses de los sorprendentes defensores de los derechos de los humildes.
Luchar por una Salta más igualitaria y menos clasista no requiere tanto aborrecer a la aristocracia ni sustituir una oligarquía por otra, como mejorar las instituciones y evitar que ellas sirvan como herramienta para la perpetuación de las diferencias, como ocurre actualmente con el Poder Judicial.
Por eso, la condena del exintendente de Campo Quijano, más que una revancha contra una clase determinada, más que para la reprobación de una familia o para la estigmatización de un apellido, sirve para que nos ilusionemos con que la institución judicial -pensada para defender las libertades de todos los ciudadanos, sin distinción ninguna- cumpla de una vez con su alta misión constitucional de asegurar el imperio de la Ley, sin mirar quién deba pagar por transgredirla.
