Según la información oficial, se podrá comenzar a pujar el día 26 de septiembre próximo, a partir de las 14 horas. Las ofertas se podrán efectuar a través de la plataforma oficial de subastas de la Corte de Justicia, que tiene ya casi 9 000 usuarios registrados.
A partir del 19 de septiembre, los interesados podrán consultar el catálogo completo de bienes disponibles en la plataforma y en las redes sociales de la Corte de Justicia de Salta, en donde de tanto en tanto también se ofrecen niños en adopción a familias que estén dispuestas a darles todo su amor y llenarlos de felicidad infinita, como si la vida fuera un lecho de rosas.
La parte más curiosa de la información es la que dice que «Para establecer los valores base de los 46 lotes que se subastarán, se contrató previamente a una joyería especializada [sic], que elaboró un informe sobre la pureza y el peso de cada uno de los elementos en venta, garantizando así la transparencia del proceso».
La primera pregunta que surge de la lectura de este párrafo es: Si una joyería no se especializa en joyas ¿en qué puede estar especializada? ¿En maicenas?
La segunda es que la «garantía de transparencia del proceso» no la aporta la autoridad que convoca la subasta (que sostiene que es transparente, por ejemplo, el Tribunal Electoral) sino una joyería cualquiera (obviamente privada) que no ha sido mencionada y que no se sabe en base a qué parámetros ha elaborado su «informe sobre la pureza y el peso de cada uno de los elementos en venta».
Es de suponer que si tal informe no está suscrito y refrendado por un orfebre titulado y matriculado, carece de validez en orden a acreditar que se trata de oro de ley y no de lata dorada del mercado de pulgas.
Si lo que quería la Corte era «transparencia», en vez de una «joyería especializada» le habría convenido mejor contratar a la firma vidriera Castellani Hermanos.
