En un sentido amplio, la seguridad pública persigue como finalidad la de proteger a las personas y sus bienes y asegurar el mantenimiento de la tranquilidad y el orden ciudadano.
Por tanto, hablamos de la seguridad ciudadana como una función del Estado, que hoy se ejerce con sujeción a la Constitución y a las leyes (para proteger y asegurar el disfrute de los derechos y libertades, más que para reprimir), pero que ha acompañado al Estado nación prácticamente desde el momento mismo de su nacimiento.
El orden en la calle y la pacífica convivencia no son derechos prestacionales y, por lo tanto, no forman parte de las actuaciones típicas de los estados sociales para asegurar el bienestar de sus ciudadanos, como la sanidad, la educación o la seguridad social.
Así, mientras la actividad de policía o de mantenimiento del orden público son características esenciales del Estado prácticamente desde su aparición tras el colapso del orden feudal, el servicio público y su noción jurídica son el resultado jurídico de determinados compromisos ideológico-políticos, económicos y sociales adoptados bajo la exaltación del progreso que las innovaciones tecnológicas hicieron posible. Es decir que la noción de servicio público responde a un determinado entendimiento de la relación entre el Estado y la sociedad que es propia del siglo XX.
El artículo 12 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 establecía ya que: «La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública; por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en beneficio de todos, y no para el provecho particular de aquellos a quienes ha sido encomendada».
Mientras la mayoría de los servicios públicos (las comunicaciones o la sanidad, por ejemplo) pueden ser delegados, privatizados o concesionados, la función de policía es, por definición, indelegable, ya que forma parte esencial de la propia esencia y naturaleza de los órganos estatales.
Por tanto, decir que la Policía de Salta presta el «servicio de seguridad» no solo comporta desconocer la evolución histórica de los elementos esenciales del Estado sino también rebajar sustancialmente la seriedad de su actuación.
