Este es el mensaje implícito del Juzgado de Garantías n.º 2 de la ciudad de Orán al poner en manos a dos ONG unos 160 animales que fueron «demorados» a raíz de una denuncia de la empresa Seaboard.
El procedimiento fue llevado a cabo por la Fiscal Penal de Pichanal, señora María Sofía Fuentes, que se hizo eco de las reiteradas denuncias de la empresa Seaboard (ex ingenio El Tabacal) por daños provocados en sus plantaciones de caña de azúcar.
Rápidamente, Fuentes dispuso el «urgente secuestro» de las vacas dañinas, pero no porque fuesen culpables de un delito, sino como elementos de prueba para la investigación del delito de daños (Art. 183 del Código Penal argentino).
«¿Y dónde meto yo ahora las vacas?», se preguntó Fuentes. Afortunadamente, intervino la División Caballería de Orán de la Policía de Salta, que accedió a dar hospedaje a las vacas en un terreno de siete hectáreas. Durante el tiempo que duró la medida judicial, los amables policías se encargaron de alimentar, mimar y trasladar a los vacunos, haciendo que su estado sanitario sea controlado y certificado por el SENASA.
A pesar de que este organismo dijo que las vacas se encuentran en perfecto estado de salud (lo que hace suponer que estan en condiciones de entregar unas jugosas faldas de costilla para el asador), el Juez de Garantías n.º 2 de la ciudad de la Nueva Orán, señor
El juez Morizzio ha podido adoptar esta decisión ya que las vacas, por muy rozagantes que se encuentren, no tenían sus papeles en orden y no hay nada que haga suponer que tienen un dueño legítimo. Por este motivo, y conforme lo establecido por la Ley 7838, el Código Procesal Penal y las acordadas vigentes de la Corte de Justicia de Salta, se ha resuelto proceder de la manera indicada.
La comunicación oficial del MPF dice que tanto la Fiscal como la Policía intervinieron en este asunto «con celeridad y firmeza» y priorizando la protección de la salud pública, la seguridad vial, la producción agroindustrial y el bienestar animal.
