En efecto, tanto Juan Carlos Romero como Juan Manuel Urtubey han protagonizado sendas salidas de tono, al intentar imponer el silencio (mediante la colocación de una mordaza jurídica) a dos medios de comunicación que han pubicado información que no les favorece.
Si bien por el momento no hay nada que haga sospechar que la coincidencia en el tiempo de las advertencias lanzadas por Romero y Urtubey sea producto de un acuerdo previo entre ellos dos, la verdad es que el camino de acallar la información de interés público con medidas cautelares se antoja como muy transitado en Salta, y, quizá por ello mismo, poco efectivo.
Pero si interpretamos los hechos con cierta distancia y algún punto de frialdad, quizá podamos darnos cuenta de algo muy interesante.
Los dos exgobernadores, a pesar de que ha pasado bastante tiempo desde su alejamiento de las tareas de gobierno, mantienen un control bastante estrecho sobre los mecanismos de la justicia provincial.
Lo que deben preguntarse los salteños es ¿por qué, en vez de dar explicaciones convincentes en los estrados judiciales y explayarse allí sobre los temas que los rozan, los dos exgobernadores pretenden silenciar a los informadores públicos? ¿Por qué la salida escogida es la de sellar con lacre el sobre que contiene la verdad y no esclarecer los hechos?
Es muy evidente que a ninguno de los dos exgobernadores les conviene hablar sobre el asunto, porque ambos saben que probablemente serán repreguntados y que sus afirmaciones de ahora serán confrontadas cuidadosamente con sus declaraciones y sus actos anteriores. Los dos saben -porque tontos no son- que sus adversarios están en posesión de información que podría llegar a complicarles la vida. Es muy probable, pues, que ninguno se sienta en condiciones de enfrentarse a un escenario como este, aun cuando el riesgo consista en sufrir una lesión irreversible a su derecho al honor.
Pero lo que quizá escuece más que todo esto sea el hecho de que uno de los medios atacados -el diario El Tribuno- se rasgue las vestiduras por la actitud desafiante de Urtubey, e incluso convoque a una defensa corporativa, mientras que al mismo tiempo, el propietario del mismo diario -el senador Romero- hace tres cuartos de lo mismo con el Nuevo Diario de Salta.
Para bien o para mal, este doble episodio, que rebaja de forma sustantiva la estatura moral de nuestra democracia, nos enseña que la libertad de informar sobre asuntos públicos relevantes está por encima de la buena fama o del prestigio de los gobernantes. Afortundamente, en el mundo en el que vivimos, existe una amplia variedad de canales a través de los cuales se puede desmentir y desmontar las noticias falsas y las malintencionadas. Las mordazas legales no son, sin dudas, uno de ellos. Se puede esperar gestos como este de exgobernadores autoritarios y presuntuosos, pero no de las personas bienintencionadas.
Pero, como se ha expresado antes, el hecho de poner por delante de los derechos fundamentales que cimentan la democracia la susceptibilidad personal de un gobernador jubilado solo se puede explicar por la incapacidad o la negativa de los interesados a utilizar aquellos canales por los que -se supone- debería fluir la verdad.
Así pues, mientras se mantengan las amenazas de acciones judiciales, tanto contra uno como contra otro diario, no habrá más remedio que pensar que a los amenazadores no les conviene que se conozca la verdad sobre los hechos, que no les interesa que se investigue a fondo y que los ciudadanos puedan evaluar, de una forma racional y serena, lo bueno o malo que pudieran haber hecho durante el desempeño de sus eternos mandatos.
