La amnistía deberán decidirla todos los españoles, pero la autodeterminación solo los catalanes

El independentismo catalán necesita de una ley de amnistía para continuar con su «hoja de ruta».

Cuando los presos beneficiados por el indulto del gobierno salieron de la cárcel, anunciaron inmediatamente que «lo volverían a hacer», en referencia a la declaración unilateral de independencia que siguió al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Es, por tanto, razonable pensar que, si el perdón gubernamental no ha puesto fin a los propósitos independentistas, menos aún lo hará una ley de amnistía, que no perdona sino que olvida, y que, desde este punto de vista, no es una medida de gracia, como publica hoy el diario más importante de España.

Pero el independentismo pretende que el olvido legal sea decidido por el Congreso de los Diputados; es decir, por los representantes del conjunto del pueblo español (47 millones de personas). Si no se sanciona esta ley, sus delitos todavía podrán ser perseguidos. Saben que no pueden amnistiarse a sí mismos y que necesitan, para que el olvido sea jurídicamente válido, la decisión sea adoptada por todos.

Y el independentismo presiona, además, para que el gobierno español, violando el artículo 92.1 de la Constitución, convoque un referéndum de autodeterminación en Catalunya para que en él solo voten los residentes en esta autonomía, y no «todos los ciudadanos», como manda la Constitución.

¿Por qué motivo la amnistía debe ser votada «por todos los ciudadanos» y la autodeterminación decidida solo por «una parte de los ciudadanos»?

Es aquí donde entra en juego el espíritu deportivo, porque el ordenamiento jurídico es uno solo, y no se puede tomar de él la parte que a uno convenga y despreciar la que le perjudica. Es más que evidente que, de celebrarse un referéndum para la independencia de Catalunya en todo el país, en el que pudieran votar «todos los ciudadanos», el resultado sería un contundente rechazo a la independencia. Y los independentistas lo saben.

El rechazo ciudadano es también amplio hacia la amnistía, pero en este caso, el independentismo confía que con los votos de los diputados del PSOE, de sus socios y los propios, se pueda sancionar una ley que ellos consideran necesaria. Es decir que para una cosa (la amnistía) sí vale el voto de todos, pero para otra (la autodeterminación) no vale el voto de todos.

Las reglas de la democracia, como las del fútbol, se han hecho para ser cumplidas, no para ser transgredidas. El «cálculo democrático» no puede especular sobre ventajas coyunturales o territoriales. En democracia también debe haber juego limpio.

Al cambio, es como si el Barça quisiera proclamarse ganador de la Liga española, pero sin jugar con el Betis, con el Celta, con el Madrid, con el Athletic, con el Cádiz o el Valencia, y quisiera que todos sus partidos fueran, a puertas cerradas, solo con el Nàstic de Tarragona.

Cualquier proyección debe hacerse en el marco de la Constitución, de modo que la independencia de cualquier parte del territorio español debe ser decidida por el conjunto de los ciudadanos y no solo por una parte de ellos.

Y no por xenofobia ni por colonialismo, sino porque así lo han decidido los propios interesados, cuando en 1978 asumieron un papel protagónico en el diseño de las instituciones que propiciarían el advenimiento del periodo de mayor prosperidad de la historia de un país que con su transición a la democracia ha dado una lección al mundo.