Ningún Gobernador de Salta ha sido acusado formalmente de delitos de corrupción, al menos en los últimos 40 años.
Es más: el número de gobernadores provinciales argentinos enjuiciados por delitos de este tipo es realmente insignificante, lo que no puede sino estar vinculado con el control que los políticos del máximo nivel provincial ejercen sobre los tribunales de justicia, especialmente sobre los que se encuentran en la cúspide del sistema judicial.
En la Provincia de Salta, los gobiernos de Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey (entre los dos, 24 años) han dejado un reguero de pobreza.
Durante su larguísimo desempeño los escándalos de corrupción no han sido pocos, pero sí lo han sido sus consecuencias jurídicas.
Entre 1995 y 2019 se han concretado en Salta infinidad de negocios oscuros y han desaparecido de las arcas públicas cantidades importantísimas de dinero que nunca han sido rendidas ni justificadas por las personas que debían hacerlo.
Pero cuando falta una birome en las municipalidades, el aparato represivo penal reacciona con fiereza y es capaz de llevar a la cárcel a los intendentes, tanto por haber robado como por haber incurrido en simples mamarrachos contables.
1) Que los dos gobernadores que ha tenido Salta entre 1995 a 2019 son un ejemplo paradigmático de honradez política y administrativa; o
2) Que ambos han perfeccionado los mecanismos de protección judicial para asegurar su impunidad.
De este modo, en Salta solo se sientan en el banquillo los intendentes municipales, mientras que los gobernadores que los han impulsado jamás pagan precios políticos ni jurídicos de ninguna naturaleza.
¿Por qué Trump sí y Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey no?
A esta pregunta solo puede responder la Corte de Justicia de Salta.
