El tribunal juzgador está integrado por los magistrados señores José Luis Riera, Aldo Rubén Saravia y Francisco Mascarello.
Según la información oficial de la Corte de Justicia de Salta, los nueve médicos fueron denunciados por familiares de una mujer que había ingresado en el hospital el 28 de febrero de 2017 y fallecía al mes siguiente en una clínica privada.
Los fiscales sostienen que la mujer había ingresado al hospital con un cuadro de gastroenteritis aguda y que fue atendida, sucesivamente, por los nueve médicos acusados. Cinco días después de su ingreso, la paciente sufrió una hemorragia digestiva y —según el requerimiento fiscal— los facultativos hoy acusados no actuaron en consecuencia y no resolvieron la complicación dándole el tratamiento adecuado y oportuno.
Según la acusación pública, ante el cuadro de hemorragia interna, la paciente debió ser trasladada a una sala de mayor complejidad. En tales circunstancias, entienden los fiscales que se debió consultar a un especialista en la materia, pero esta consulta no se llevó a cabo. La fiscalía sostiene que la omisión de los acusados ocasionó el deterioro progresivo de la salud de la paciente.
La mujer fue trasladada a una clínica el día 6 de marzo y, tras el agravamiento de su estado, el día 10 falleció a causa de una falla multiorgánica.
Ni los fiscales ni el tribunal (y menos la Corte de Justicia de Salta) han explicado de ningún modo por qué motivo un hecho presuntamente delictivo denunciado hace más de 9 años atrás, llega a juicio con semejante retraso, a pesar de la «oralidad fulminante» y las «audiencia flexibles y multipropósito», que lleva a la Corte a presumir de sentencias pronunciadas a menos de 24 horas de formulada la denuncia penal.
