Felizmente no soy ni tan ingenuo ni tan presuntuoso como para creer que la modesta influencia de aquel libro fue la que consiguió torcer el curso de los acontecimientos y encaminar los intentos reformistas por los senderos de la deliberación y de la participación. Si de verdad el libro hubiera tenido la acogida que algunos dicen que tuvo, esta sería la hora en que los principales operadores políticos de Salta y buena parte de la vanguardia intelectual de mi provincia deberían estar razonablemente convencidos de que la reforma política es un proceso permanente y que las enmiendas constitucionales (del estilo de la que se ha practicado en Salta a finales de 2021) en muchas ocasiones no son la solución sino una parte importante del problema.
En mi libro propongo, por ejemplo, reflexionar sobre los motivos que nos impulsan a vivir juntos sobre un mismo territorio y analizar las distintas estrategias para la limitación del poder político, que no siempre son jurídicas como la mayoría de los constitucionalistas piensa.
Muy poco, casi nada, se ha avanzado en estos imprescindibles terrenos. Tengo que reconocer que mi empeño en esta materia no ha conseguido ni creo que vaya a conseguir sentar las bases de una «cultura de la reforma». Hablo de un consenso más o menos estable en torno al valor democrático del cambio, que nos permita poner en entredicho, cada cierto tiempo, incluso aquello que parece funcionar bien, en la convicción de que la política nunca proporciona soluciones «óptimas», sino solo aquellas que -incluso siendo malas- pueden ser razonablemente posibles.
Evidentemente, las reformas no son procesos infalibles ni sus buenos resultados están garantizados. Pero las reformas bien conducidas y decididas con una amplia participación y deliberación popular pueden ayudar de forma significativa a que los gobiernos sean más efectivos, a fomentar (aunque parezca paradojal) la estabilidad en el seno de las sociedades y a desbloquear el potencial económico. Ya sea que las inicien los electorados o se promuevan a través procesos de adhesión a pactos políticos o económicos multilaterales, las medidas de reforma política pueden ser importantes peldaños en el camino hacia un gobierno democrático saludable.
La gobernanza colaborativa o 'cogobernanza'
Podría aprovechar este artículo para insistir sobre la necesidad de reformar las instituciones que propuse en mi libro de 2018, pero ha pasado el tiempo y -aunque aquellas reformas que proponía hace casi cinco años siguen todavía pendientes y sería muy conveniente estudiar la posibilidad de llevarlas a cabo- nos enfrentamos hoy a escenario diferente, caracterizado por un nivel creciente de disfunción política y de polarización ideológica. Hemos alcanzado, sin dudas, un punto crítico en la manera en que gobernamos y la peor de la actitudes posibles es negarse a las reformas con la esperanza de que el inmovilismo y la contemplación nos devuelvan, quizá, a los equilibrios del pasado.La pregunta que debemos formularnos entonces es, si con la democracia sometida a la amenaza disgregadora de los populismos y devaluada por la creciente desconfianza en las instituciones democráticas, es o no prudente insistir en la necesidad de reformas políticas profundas.
Para mí, la respuesta no ofrece dudas: si queremos liberar a la democracia de su encierro y recuperarla para la causa de la libertad y de la justicia, debemos pensar, cada vez con más convicción, en reformas innovadoras centradas en la influencia real y el poder de toma de decisiones. Vivimos un momento de extrema vulnerabilidad en el que algunos oportunistas proponen abiertamente ceder a las tentaciones hegemónicas y poner en práctica soluciones autoritarias y centralizadas, en la creencia de que nuestra titubeante democracia necesita «mano dura» y un recorte sustantivo de nuestras libertades.
En este sentido, pienso que la llamada «gobernanza colaborativa» o «cogobernanza» se nos ofrece como una oportunidad inmejorable para crear esas nuevas formas de poder cívico. Se trata, muy en general, de descubrir formas innovadoras para transferir el poder de toma de decisiones a la gente común y reconstruir la confianza perdida en el gobierno. En este sentido pienso que deberíamos guiarnos por el buen ejemplo que proyecta el trabajo de algunas organizaciones comunitarias en los Estados Unidos, como la unidad de participación pública en el gobierno local de la ciudad de Nueva York, CivicLex (Lexington, Kentucky), Local Progress (que tiene presencia en cinco estados) DelawareCares, Georgia STAND-UP o Puget Sound Sage (Seattle, Washington).
Estos modelos de cogobernanza se caracterizan por romper los límites que separan a las personas dentro y fuera del gobierno. Permite que los residentes en un territorio pequeño y los gobernantes electos trabajen juntos en el diseño y formulación de las políticas, compartiendo la responsabilidad y el poder en la toma de decisiones. Más que una transacción única o un llamado a la opinión pública, los modelos exitosos de cogobernanza ponen el acento en el empoderamiento de la gente común para favorecer su participación en el proceso político, pero no de una manera ocasional o fragmentaria, sino de forma continua e idealmente estable. El cogobierno tiene el potencial de revitalizar el compromiso cívico, en la medida en que es capaz de crear estructuras de gobierno más receptivas y equitativas, así como para generar canales a través de los cuales los diferentes grupos sociales puedan expresarse y tener una influencia efectiva en el proceso de formulación de políticas.
Hasta el momento, los modelos exitosos de cogobernanza tienden a ser locales y específicos de una comunidad relativamente pequeña, por lo que resulta fundamental para apuntalar la idea de una «cultura de la reforma» que compartamos las experiencias exitosas y nos sentemos a reflexionar sobre las reformas que son necesarias para escalar estas experiencias y proyectarlas en escenarios mayores. La Provincia de Salta tiene las dimensiones ideales para intentar dar el salto y poner a nuestras instituciones en sintonía con el futuro.
Las formas innovadoras de compromiso cívico y los modelos de cogobernanza no son un fenómeno nuevo, sino una continuación de las estrategias y herramientas que hemos venido poniendo en práctica -no sin dificultades- para hacer que la democracia sea más participativa, más racional y más eficiente. Los gobiernos que se han sucedido en Salta desde 1995 no han hecho otra cosa que concentrar el poder en grupos cerrados y pretendidamente autosuficientes, negados a la participación ciudadana y al intercambio con la sociedad. Esta experiencia, que ha obrado como magnífica precursora de la decadencia, como eficiente acelerador de la pobreza, y nos ha hecho retroceder en materia política a la década de los años 30 del siglo XX, debería ser suficiente para convencernos de que la única solución posible a los bloqueos que amenazan con degradar nuestra democracia o hacer desaparecer sus elementos liberales consiste en alumbrar nuevas formas de redistribución del poder político.
Pero estas nuevas formas deben descubrirse e implementarse a medida que se va construyendo una colaboración efectiva entre las comunidades y los políticos; es decir, al mismo tiempo que se transfiere a la sociedad buena parte del poder de decidir. Es la redistribución controlada del poder y no la profundización del autoritarismo la que derribará las barreras que cierran el paso al mejoramiento de la democracia y la que contribuirá a restaurar la confianza en las instituciones cívicas.
La democracia participativa a la que aspira la Constitución de Salta ha evolucionado hasta el punto de dejar atrás la idea de que su papel se limita a permitir que los ciudadanos comunes tengan la oportunidad de participar directamente, para avanzar hacia la idea de que la participación debe garantizar que las voces de estos ciudadanos sean efectivamente escuchadas, bienvenidas y entrelazadas en cada una de las etapas del proceso de formulación de políticas.
En palabras del director del UC Berkeley Othering & Belonging Institute John A. POWELL, «pertenecer significa algo más que solo ser visto. Pertenecer implica tener una voz significativa y la oportunidad de participar en el diseño de estructuras sociales y culturales. Pertenecer significa tener derecho a contribuir y, al mismo tiempo, dirigir demandas a la sociedad y a las instituciones políticas».