Espilocín ha explicado que al haber sido hallado por los genetistas franceses un perfil genético femenino en el cuerpo de una de las víctimas, se intentó descartar que se hubiese tratado de una contaminación de laboratorio (en Salta, en Buenos Aires o en Francia), para lo cual se procedió al cotejo de la muestra encontrada con el de mujeres que, por razones de su profesión, estuvieron en contacto con los cadáveres o con las muestras (la médica que practicó la autopsia, las operadoras del laboratorio de Corach en Buenos Aires y las operadoras del laboratorio de Nantes).
También ha dicho Espilocín que otra de las «hipótesis» que manejaban los fiscales era que el perfil femenino hallado fuese producto de un «traslado», que, según las explicaciones del Fiscal, podría haberse producido por un contacto sexual entre los que en algún momento fueron considerados sospechosos del crimen (o estuvieron procesados) con sus respectivas parejas.
Según Espilocín, esta «hipótesis» también fue descartada, después de haber sido realizado el cotejo, igual que sucedió con la médica forense y las operadoras de laboratorio.
Entre las «parejas» cuyo ADN fue obtenido por el equipo fiscal se cuenta a las mujeres de Walter Lasi (sobreseído definitivamente en la etapa instructoria), a la del condenado Gustavo Lasi y a la del absuelto por sentencia firme Santos Clemente Vera. Espilocín no ha mencionado que se haya citado a la pareja de Daniel Vilte Laxi, otro de los absueltos en el único juicio celebrado hasta la fecha.
Ni Espilocín, ni la fiscal María Luján Sodero Calvet, otra de las encargadas del caso y entrevistada en el mismo acto por El Tribuno, ensayaron ningún tipo de disculpa por la forma violenta y desconsiderada en que los fiscales y los agentes del CIF procedieron en el caso de Beatriz Yapura, la esposa de Santos Clemente Vera, que, enferma de cáncer, en primera instancia no se prestó a una extracción voluntaria de material genético y fue conducida por la fuerza a la sede fiscal, aun cuando solo exigía la presencia de un perito designado por ella como única condición para someterse a la extracción.
A pesar de que el maltrato a la ciudadana Yapura fue conocido ampliamente tanto en la Argentina como en el extranjero, los fiscales de Derechos Humanos, que ante el menor exceso policial, investigan una posible violencia institucional, guardaron un inexplicable silencio ante la actuación de sus colegas (apoyados por la fuerza policial) durante el proceso de extracción de material genético de la señora Yapura.
